Tras ser reelecto como alcalde de San Ramón por estrecho margen y mientras espera ser formalizado por presunta corrupción, Miguel Ángel Aguilera (independiente, ex socialista) sigue en la polémica y esta vez sus competidores en las recientes votaciones recurrieron al Tribunal Calificador de Elecciones para impugnar su triunfo, acusando irregularidades durante el proceso en la comuna.
Los candidatos a la alcaldía sanramonina, los independientes Miguel Pino -quien terminó sexto en los comicios- y Genaro Balladares (quinto), el RN David Cabedo (cuarto) y el DC Gustavo Toro (segundo), acusaron una serie de hechos que, según su opinión, pueden provocar que las elecciones sean impugnadas por el Tricel.
Cabedo denunció -según detalló al diario La Tercera- "la inexistencia de actas caso en casi la totalidad de los locales de votación, cuyo material debía proporcionar el Servel y que no llegó a la comuna. El voto asistido por funcionarios municipales que nos transformó en la comuna con récord en este tipo de voto excepcional y cuya constatación de quién asiste el voto no hay registro, y urnas cuyos sellos fueron aparentemente adulterados, entre otras irregularidades".
A su vez, Balladares puntualizó en el rotativo que "no buscamos pelear ni perjudicar a nadie, sólo buscamos que la democracia rija en todo su esplendor y que, si hubo irregularidades en el proceso, estas sean sancionadas con todo el rigor de la ley".
Las elecciones municipales en esta comuna dieron cuenta que Aguilera consiguió mantener su cargo, que ostenta desde 2012, tras obtener el 23,98% de los votos (8.342 sufragios), superando por poco margen a su más cercano competidor, Toro, que alcanzó el 21,83% (7.593).
En tanto, sobre su situación judicial, el alcalde de San Ramón, quien había sido notificado en abril de que la investigación en su contra sería formalizada el 27 de septiembre, ahora deberá presentarse en el 15° Juzgado de Garantía de Santiago el próximo 21 de junio.
Aunque hace unos años Aguilera se convirtió en un símbolo de la "narcopolítica" en el país, los cargos que se pretende imputarle en esta ocasión son enriquecimiento ilícito (entre 2013 y 2017), cohecho (entre 2014 y 2016) y lavado de dinero (entre 2013 y 2017), indagación que continúa dos años después de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara en su contra.
