El ministro Álvaro Elizalde puntualizó que trabajarán en los detalles técnicos para presentarlo luego de que el Congreso vuelva de su semana distrital y regional.
El objetivo es "consagrar la obligación de participar en las elecciones", reafirmó.
El Gobierno confirmó este miércoles que presentará un veto para reponer las multas por no cumplir con el voto obligatorio, luego de que el Senado rechazara en la víspera el informe de la comisión mixta sobre las discrepancias entre ambas cámaras al respecto, en el marco del debate del proyecto que fija en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.
Con votos en contra y abstenciones del oficialismo, la Cámara Alta desestimó el acuerdo que buscaba restituir las multas a los ciudadanos que no voten y no tengan justificación, pero rebajando el monto máximo aplicable (entre 0,5 y 2 UTM), dado que el original (hasta 3 UTM) era demasiado alto, según reclamó el mismo sector en la Cámara Baja en los trámites anteriores.
El punto en discordia esta vez fue que la comisión mixta había incorporado al grupo sujeto a la sanción a los extranjeros habilitados para sufragar. La Constitución consagra que aquellos avecindados en Chile por más de cinco años, y que cumplan con los requisitos, "podrán ejercer" este derecho, es decir, se les abre la posibilidad, pero no están obligados.
"Históricamente en Chile la sanción para quienes no participaban de las elecciones solo se aplicaba a los ciudadanos", puntualizó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, reafirmando la propuesta original del Ejecutivo, que apuntaba sólo a los ciudadanos, mas no al electorado en general.
Pese a esa discrepancia con el texto de la comisión mixta, el secretario de Estado adelantó que el Presidente Gabriel Boric insistirá en reponer la multa y enviará un veto después de que el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados tengan la próxima semana su período regional y distrital, respectivamente.
"Vamos a trabajar los detalles técnicos durante la semana regional o distrital. Hay una serie de otros aspectos que tendrán que ser considerados eventualmente para que la ley quede en forma, y de esa manera, consagrar la obligación para la participación en las elecciones conforme lo establece el mandato constitucional", expuso.
De todos modos, precisó que "la sanción se aplica a los ciudadanos, para ser ciudadano hay que ser chileno. Conforme era la normativa que estuvo vigente en Chile, mientras existió voto obligatorio en el pasado".
"Muchos de los que ayer criticaron la votación, cuando se votó la idea de legislar votaron en contra, y eso significaba que no se legislaba, por tanto, no se establecía elección de dos días, pero tampoco sanción o multa para quienes no cumplieran con su obligación constitucional", indicó el ministro Elizalde.
La ministra vocera, Camila Vallejo, indicó que "si en Chile avanzamos con el voto obligatorio, el no cumplir con esa obligatoriedad tiene que tener alguna consecuencia, y por eso vamos a ocupar las herramientas que están a disposición para tener una legislación coherente, que pueda garantizar este proceso de votación en dos días, pero que mantenga reglas del juego que tengan sentido y conexión unas con otras. Y por eso se está trabajando en un voto aditivo para corregir los problemas".
Desde la Cámara Baja, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) valoró, primero, que "queda claro, con lo que acaba de exponer el ministro Elizalde, que aquí al parecer un alma más sensata del Gobierno ha entendido lo relevante de vetar una ley que fue, en forma inentendible, rechazada en el Senado, para asegurar que los chilenos vayan a las urnas a elegir a cada uno de sus representantes".
Sin embargo, aseguró que en la oposición "vamos a seguir insistiendo en la importancia de que también los extranjeros tengan esta obligación de votar".
El rechazo al informe también significó la caída del ajuste a la baja del valor reembolsable a candidatos y partidos por los votos recibidos, y de la inclusión de regulaciones para la propaganda electoral en plataformas digitales, redes sociales y medios regionales concesionados.
En tanto, el diputado Luis Cuello (PC) planteó que "nos parece indispensable que ese veto también corrija esta injusticia que se está cometiendo con más de 400.000 trabajadores y trabajadoras en todo Chile, que están hoy día siendo privados de un derecho irrenunciable, como es el feriado legal el día de las elecciones".
En tanto, el diputado Jaime Araya (Independiente-PPD) manifestó que "yo no estoy de acuerdo que el voto de los extranjeros sea obligatorio. Yo en esto espero que se mantenga la redacción original, que es los ciudadanos que están obligados a votar constitucionalmente".
"Y este es el interés que tiene la derecha que, esos venezolanos que (Sebastián) Piñera fue a buscar a Cúcuta, voten hoy día. Vamos a pedir los informes, queremos ver cuánta gente es la que va a quedar habilitada para votar, porque no es posible que los extranjeros determinen decidiendo quiénes son las más altas autoridades de nuestro país", agregó el legislador.
En esta línea, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) afirmó que "de nada sirve el veto si no va también de la mano el compromiso de obtener los votos para apoyarlo. Esperamos que el Presidente de la República obtenga ese apoyo y logre ordenar su coalición, porque hasta ahora el problema en el que nos encontramos hoy día surge de los parlamentarios del oficialismo".
Mientras que la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que "en las últimas dos elecciones esta discusión no se dio. A nosotros, al menos, nos crea una sospecha razonable que es porque a la izquierda no le favorece el voto obligatorio. En política y en la vida, los péndulos están de un lado para otro".
La matriz del proyecto, que es habilitar la realización de las elecciones de alcaldes, concelajes, gobernadores y consejeros regionales de octubre en dos días, ya había sido aprobada por ambas cámaras, por lo que es por ahora la única disposición en condiciones de convertirse en ley.
