La ministra de la Mujer y de Equidad de Género, Antonia Orellana, comprometió el apoyo del Gobierno para ampliar la prohibición de los deudores de alimentos a postular a cargos de elección popular.
La idea es asegurar que los estándares de probidad sean aplicables a otros niveles de la función pública, luego de que casi 200 candidaturas inscritas para las elecciones municipales y regionales de octubre fueran rechazadas por tal motivo.
"No nos parece que sea muy congruente que (la inhabilitación aplique) para unas candidaturas y para otras no. El no pago reiterado de pensiones de alimentos es una vulneración de los derechos de los niños; es una forma de violencia económica y, por lo tanto, infringe la probidad administrativa que cualquier representante que aspire a ser electo debería cumplir", señaló Orellana.
La secretaria de Estado indicó que "hay varias mociones presentadas y, por lo tanto, vamos a reunirnos junto con el ministro (de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro) Elizalde con los distintos mocionantes".
"Vamos a ver cuál es la opción más rápida, para que esto tenga reglas claras lo antes posible, (previo a) que se inicie un nuevo ciclo electoral", añadió la ministra.
Uno de los proyectos, impulsado por la bancada de Renovación Nacional (RN), propone que los estándares de probidad sean aplicables a los aspirantes al Congreso Nacional y a la Presidencia de la República, para que no se repita lo ocurrido con el candidato Franco Parisi, líder y fundador del Partido de la Gente (PDG).
Avanza ley que busca prohibir a deudores apostar en casinos o ir a hipódromos
La Comisión de Familia de la Cámara Baja avanzó esta semana en la tramitación de un proyecto de ley refundido que prohíbe a deudores de pensiones de alimentos efectuar apuestas o acceder a recintos destinados a ello.
La iniciativa, originada en mociones refundidas, pretende aumentar el catálogo de sanciones para las personas que posean una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en calidad de deudores de alimentos.
Para estos efectos, propone que dichos deudores tengan restringido el acceso a hipódromos y salas de juegos de casinos. También, que se les prohíba apostar en dichos recintos.
La diputada Marcia Raphael (RN) sostuvo que el objetivo es "que todos aquellos que no sean responsables ni se hagan cargo de sus hijos tengan algún problema y aquellos 'papitos corazón' que no lo son deben, sin duda, comprometerse a financiar también el crecimiento y desarrollo de sus hijos".
A la sesión asistió la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, quien valoró el objetivo de la propuesta parlamentaria.
La autoridad aseguró que la medida permite mejorar la legislación y cumplir con el derecho de los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, hizo una observación con respecto a la operatividad práctica de la iniciativa.
Silva planteó dos alternativas: "Que el casino o el hipódromo le pueda pedir a la persona que exhiba su certificado de no deudor (...) La otra alternativa es que habría que habilitar a los casinos y los hipódromos a poder consultar por las personas que vienen a usar esos servicios, de la misma forma que hoy día lo tienen los empleadores y estas personas o entidades obligadas a consultar", señaló.
Violencia física
Para los casos de violencia física, en tanto, en el Parlamento se impulsa una propuesta para impedir que condenados por estos delitos lleguen a cargos de elección popular.
"Creemos que es inaceptable que un condenado por violencia intrafamiliar pueda ser candidato a alcalde, a concejal, a parlamentario o, incluso, a Presidente de la República. Es por eso que estamos presentando un proyecto de ley para plantear como requisito el no estar objeto a condena de violencia intrafamiliar, que hoy día, en la ley ya actualizada, contempla también la violencia en el pololeo", destacó la diputada del Frente Amplio (FA) Gaels Yeomans.
Lo anterior, dijo, "para dar garantías a cualquier familiar que haya sufrido agresión a no verse nuevamente envuelto a una revictimización viéndolo como candidato".
Las impulsoras de estos proyectos piden que el Gobierno les ponga la debida urgencia para que estén aprobados y vigentes en las elecciones generales de 2025.
