"Hay que hacer un llamado a que se cumpla la ley", declaró Viera-Gallo.
Señaló que los municipios deben retirar la propaganda adelantada, financiados por los propios candidatos.
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| El ministro llamó a los ciudadanos a castigar a los candidatos que infrinjan la ley. |
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, llamó a los ciudadanos a castigar a aquellos candidatos que adelantan la campaña y propaganda electoral y señaló que son los municipios los encargados por ley de retirar los afiches colgados antes del tiempo legal.
"Los electores tienen que medir bien el apego que tienen las personas que van a ir al Parlamento a dictar leyes, o que quieren ser Presidentes de la República, a las leyes mismas", declaró el ministro en entrevista con El Diario de Cooperativa, criticando fuertemente la entrega de volantes y las publicidades radiales que algunos postulantes han comenzado a emitir.
Si bien reconoció que, en su condición de ex candidato en tres oportunidades, ha visto como la campaña comienza "en la práctica, después de Fiestas Patrias", reprochó fuertemente la propaganda masiva "especialmente en un periodo de crisis" y sostuvo que "los municipios deberían intervenir", añadiendo también responsabilidad en esto a Carabineros.
"Está muy claro la ley que dice que los municipios tienen que retirar la propaganda", sostuvo el ministro, añadiendo que los mismos candidatos deben reembolsar los gastos en los que incurra la municipalidad en el retiro de los letreros.
Viera-Gallo explicó que la ley vigente de Votaciones Populares y Escrutinio "señala muy claramente que no se puede hacer propaganda, o inducir a los electores a emitir su voto por candidatos determinados de forma directa o indirecta sino 30 días antes de la elección".
"Hay que hacer un llamado a que se cumpla la ley, que se actúe con buen criterio", sentenció Viera-Gallo, explicando que los dineros de esta propaganda adelantada "no son contabilizados como gasto de campaña para determinar si el candidato ha infringido o no el límite que la ley establece".
Asimismo, el secretario de Estado admitió que la actual legislación es insuficiente e indicó que se había acordado con los partidos de oposición la generación de un ente fiscalizador para el gasto electoral "pero después se entrampó por motivos políticos", por lo que el proyecto quedó congelado.
