El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, planteó algunas aprensiones respecto del proyecto que avanzó al Senado, pidiendo aclarar sanciones.
"La invitación es a hacer estas cosas no tan rápido", dijo.
Luego de que el Congreso diera este martes un paso hacia para restablecer el voto obligatorio, tras aprobar la Cámara de Diputados un proyecto que lo restituye nueve años después de su eliminación, el Gobierno planteó algunas aprensiones respecto de la tramitación de la iniciativa, en particular la incorporación de posibles sanciones, ya sean pecuniarias o administrativas.
Aprobado dos días después de la segunda vuelta de la elección de gobernadores en 13 regiones, donde acudió a las urnas apenas el 19,6% del padrón electoral, el articulado de la normativa, que ya había sido visada en general el 26 de mayo por 107 votos a favor, 16 en contra y 23 abstenciones, modifica el artículo 15 de la Constitución y cambia el término de voto "voluntario" por "obligatorio".
La modificación no alcanza a los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero.
La norma se aplicará, en caso de ser ratificada en el Senado, cuando se modifique la ley orgánica constitucional respectiva, expresó la Cámara de Diputados, de modo de regular, por ejemplo, cómo es que este mecanismo se usará, cómo funcionará el sistema de inscripción, qué incentivos se podrán generar y cuáles serán las sanciones aplicables para las y los infractores.
Consultado sobre ese último punto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, dijo que "si se busca el voto obligatorio, eso no puede ser una declaración de papel en la Constitución".
"No existe una sanción aparejada a quienes no cumplen con lo que se busca ahora. En ese sentido, no quisiéramos que exista una reforma constitucional que sea de papel. Si de verdad lo que se busca es nuevamente cambiar el paradigma sobre si ir a votar es un deber, entonces tenemos que hacerlo bien, pensarlo bien, hay tiempo todavía en el Senado", afirmó el secretario de Estado ante la prensa en La Moneda.
Por otro lado, apuntó que "no es algo muy común tener inscripción automática y voto obligatorio. En consecuencia, el llamado es a ver si existirá alguna posibilidad de instaurar mecanismos de desinscripción".
Además, celebró el rechazo, por separado, de las normas incluidas en el proyecto relativas a excluir de la obligatoriedad del voto a los mayores de 75 años y a personas con discapacidad, que fueron eliminadas del texto despachado al Senado.
"Nos parecía una discriminación muy poco entendible, sobre todo, pensando en que no se puede esperar que una persona mayor de 75 años u otra con algún grado de discapacidad no tenga que cumplir un deber. Nos parecía que eso tenía que ser modificado y así se hizo", aseveró Ossa.
De cara a la discusión en la Cámara Alta, y consultado sobre eventuales indicaciones impulsadas por el Ejecutivo, el ministro señaló que "lo primero que queremos saber es cuál es el ambiente en el Senado, en el sentido de qué es lo que se busca: ¿se busca un voto obligatorio de verdad? ¿Se busca una reforma constitucional que después no sepamos bien cómo se implementan leyes especiales? ¿Lo que se busca es sólo una señal? En la medida que recojamos las distintas opiniones, partiendo por las de Chile Vamos, naturalmente el Gobierno va a adoptar la posición que corresponda".
"Nuestra postura es que cualquier reforma constitucional se haga con un cierto grado de tiempo - no estamos hablando tampoco de dilatarlo ni mucho menos -para evaluar si estamos reaccionando como clase política a un determinado resultado electoral o realmente lo que buscamos es invertir el paradigma de lo que se espera de las elecciones, de los electores, de los deberes de los ciudadanos. Si es lo segundo, por supuesto que la discusión tenemos que darla, no tenemos por qué dilatarla", sostuvo.
"La invitación es a hacer estas cosas no tan rápido", sentenció.
En el oficialismo, en tanto, no hay una postura unificada y en la votación de hoy algunos diputados de Chile Vamos aprobaron, unos rechazaron y otros se abstuvieron.
El RN Andrés Longton argumentó su apoyo al proyecto en que "en la segunda vuelta de gobernadores la votación no superó el 19,6%, hubo regiones donde votó el 12%, y hoy estamos teniendo un problema de legitimidad de nuestras autoridades e instituciones".
En su opinión, "el voto obligatorio va a fortalecer la democracia y además a nuestras instituciones y nuestro sistema de democracia representativa".
Por su parte, para el UDI Gustavo Sanhueza, que votó en contra, "es un proyecto mentiroso porque se habla de voto obligatorio, pero no tiene sanción", en línea con lo planteado por el ministro Ossa.
"Y también -añadió- por otra razón que significa el enriquecimiento que tendrían los partidos políticos al aumentar la cantidad de votantes. Esto es algo que la gente normalmente llama 'letra chica', porque no se dice en ninguna parte públicamente que al haber más votación van a aumentar los recursos que llegan a los partidos políticos".
Como la referida reforma no considera castigos a quienes no cumplan la obligatoriedad del sufragio, la Comisión de Gobierno Interior -que la visó ayer- se comprometió a tramitar en paralelo, en dos o tres semanas, un proyecto de ley orgánica constitucional que explicita sanciones para los infractores, para lo que hay propuestas que consideran multas de entre 0,5 y 3 UTM -26 mil a 156 mil pesos- y otras que incluso apuntan a impedir la postulación a algunos beneficios del Estado.
En el horizonte quedan todavía las primarias presidenciales y parlamentarias el próximo 18 de julio; las presidenciales y parlamentarias (21 de noviembre) y una posible segunda vuelta presidencial el 19 de diciembre.
