El Gobierno ingresó este martes sus comprometidas indicaciones al proyecto de ley que habilita el voto anticipado, que busca ampliar las posibilidades para el derecho a sufragio a un espectro de personas que no pueden ejercerlo en la práctica, pero las modificaciones fueron más acotadas de lo conversado con los parlamentarios, quienes quedaron decepcionados.
La iniciativa, aprobada en general por la Sala de la Cámara Baja a inicios de enero, establece que la medida apunta a adultos mayores, a quienes tengan problemas de movilidad funcional, a quienes se encuentren en cuarentena por motivos de salud o que estén en grupos de riesgos, así como de aquellas personas privadas de libertad.
Sin embargo, la indicación sustitutiva de La Moneda -ingresada en la Comisión de Gobierno Interior- la limita solo para mayores de 70 años, mujeres embarazadas, personas que tengnan alguna discapacidad e integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes deberían inscribirse en un padrón especial entre 60 y 90 días antes de la elección correspondiente.
De esa forma, excluye a quienes estén en cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus y a los privados de libertad.
Asimismo, cambia que el voto anticipado se haga una semana antes de la elección, a apenas el día anterior del proceso.
Este mecanismo, no obstante, no se permitiría para elecciones primarias, mientras que para una segunda vuelta presidencial o de gobernadores, se requiriría haber estado inscrito para votar anticipadamente en la primera vuelta.
El ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, admitió que la indicación es "más conservadora y más acotada que lo que en su minuto fuimos conversando" con los legisladores, "particularmente por cuatro cosas".
"La certeza jurídica que inspira nuestro sistema; el prestigio que se ha derivado de nuestro sistema electoral; que hemos debido velar por los costos que signifca cualquier innovación, y cuarto y final, hemos hecho énfasis en hacer un ejercicio asociado a la pandemia", expuso.
"NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA"
Para la diputada Joanna Pérez (DC), presidenta de la Comisión de Gobierno Interior -donde radica actualmente el debate-, la propuesta del Ejecutivo genera molestia ya que está por debajo de lo conversado previamente.
"Esto no era lo que esperábamos, nosotros queríamos llegar a las elecciones de abril con la posibilidad de que pudieran votar inclusive personas en situación de cuarentena (...) sin duda es muy por debajo de lo que se esperaba", criticó.
En la misma línea, la diputada Catalina Pérez (RD) se siente "engañada por el Gobierno", y reprochó que "no hay voluntad política de hacerse cargo de una responsabilidad histórica que el Estado de Chile mantiene con quienes no pueden ejercer su derecho a voto, como las personas privadas de libertad o también los trabajadores y trabajadoas de la minería".
"DEBILITA EL CARÁCTER CIUDADANO"
Desde las organizaciones de la sociedad civil, la coordinadora Margarita Maira cuestionó que "un proceso constituyente donde no se garantice el voto anticipado para personas privadas de libertad, personas con Covid-19, trabajadoras y trabajadores en faenas, personas con movilidad reducida y sus cuidadoras, y otras formas de voto inclusivo, significa debilitar el carácter ciudadano del proceso",
"Perdemos la oportunidad de escuchar la opinión de los sectores sociales con mayor vulneración de derechos, que son los que más han demandado ser parte de este proceso", advirtió.
La Comisión de Gobierno Interior acordó darse algunas horas para analizar en detalle la indicación, y sesionará extraordinariamente este miércoles para votarla, además de discutir otros proyectos, como uno que busca incorporar una segunda vuelta en las elecciones de alcaldes y alcaldesas.