"En principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", dijo la ministra Jara en una vocería.
La oposición rechazó el giro y advirtió que, si no se presenta el recurso, Boric "estaría infringiendo gravemente la Constitución".
En una vocería en reemplazo de su par de la Segegob, Camila Vallejo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, puso en duda este lunes la presentación del veto presidencial anunciado por el Gobierno para reponer las multas al voto obligatorio, que se contempla en la reforma que permite realizar en dos días las elecciones municipales y regionales de octubre.
"El ministro Álvaro Elizalde (de la Segpres) fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días a fin de poder ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el Presidente de la República", señaló Jara en una rueda de prensa.
La titular del Trabajo indicó que "de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios en los cuales hemos estado promoviendo, entre otras, el voto obligatorio que es parte de nuestro sistema electoral".
"Todo eso lo va a resolver el Presidente de la República, porque esto es una facultad presidencial. Se va a ejercer el derecho al veto en los términos que se caracteriza a partir de las consultas que el ministro Elizalde realice, pero como una facultad presidencial. Lo que pasa es que esa facultad es del Presidente y, en principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", enfatizó.
En medio de las amenazas del Partido Republicano, que deslizó la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente Boric, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) advirtió que, si no se presenta el veto, "el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución, pues la Constitución lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio".
"Eso tiene consecuencias desde el punto de vista la relación con la oposición y del punto de vista también desde el accionar de los parlamentarios en relación a las herramientas que tenemos", alertó el parlamentario.
"También es una vía el Tribunal Constitucional", indicó Longton, antes de asegurar que "es de las situaciones más complejas que nos ha tocado vivir y no tendría precedentes desde la vuelta de la democracia".
Mientras que el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, indicó que "un gobierno que le pone condiciones a su propia palabra empeñada ya es un gobierno que pierde toda credibilidad y toda credencial democrática, cuando está alterando las reglas del juego de una elección a dos meses y medio de efectuarse".
La controversia en este debate radica en que el oficialismo rechazó en el Senado el informe de la comisión mixta: el texto, si bien había zanjado la primera diferencia rebajando la multa -el monto original presuntamente "alto" fue el primer reclamo en el trámite anterior en la Cámara Baja-, también agregó la disposición que incorpora a los electores migrantes al grupo sujeto a la sanción por no sufragar.
La oposición apoya este último punto, pero el oficialismo y el Ejecutivo lo rechazan, puesto que la Constitución establece que aquellos extranjeros avencidados desde hace cinco años en Chile y que cumplan los requisitos legales pueden votar, pero no están obligados, como sí sucede con los ciudadanos chilenos.
El veto anunciado por el Gobierno, y que hoy fue puesto en duda, apuntaba a reponer la multa, pero sin añadir a los extranjeros. Si no se presenta, no habrá ley y, por consecuencia, tampoco se podrán realizar la elección de octubre en dos días.
"Si de mí dependiera, ojalá que no hubiese veto y nos quedemos con lo que hay", opinó el diputado Jaime Araya (PPD). Manifestó asimismo su desacuerdo con su correligionaria ministra del Interior, Carolina Tohá, quien fue la primera en decir que el proyecto de ley tenía que salir con multa, y que de suceder lo contrario, que es el escenario actual de la discusión, habría veto.
"Nosotros tenemos que conservar las reglas del juego, porque tenemos que respetar a los candidatos que ya les queda poco tiempo; y decir, por ejemplo, que les va a subir el electorado en un 40%, eso naturalmente encarece las campañas, son horas de puerta a puerta que ya no van a tener. Y me parece que no corresponde en democracia, a última hora, por conveniencia electoral. Republicanos lo dijo en la Sala, ellos saben cómo vota a la gente obligada", se explayó Araya.
Por contraparte, en la DC, el diputado Eric Aedo instó a que "el Gobierno no se ponga creativo y no comience a borrar con el codo lo que Chile necesita escrito con la mano, que es un voto obligatorio que tiene un amplio respaldo en la ciudadanía de nuestro país".
"Si el Gobierno va a actuar de manera incoherente, entonces va a tener una respuesta muy contundente desde el mundo político, y en especial desde la Democracia Cristiana", advirtió.
