"En principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", dijo la ministra Jara en una vocería.
La oposición rechazó el giro y advirtió que, si no se presenta el recurso, Boric "estaría infringiendo gravemente la Constitución".
En una vocería en reemplazo de su par de la Segegob, Camila Vallejo, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, puso en duda este lunes la presentación del veto presidencial anunciado por el Gobierno para reponer las multas al voto obligatorio, que se contempla en la reforma que establece dos días para votar en las elecciones municipales.
"El ministro Álvaro Elizalde (de la Segpres) fue mandatado por el Presidente de la República para realizar algunas consultas durante estos días a fin de poder ejercer la facultad o no presidencial de imponer un veto, pero esta es una noticia que evidentemente va a surgir de esta conversación política por la decisión que toma el Presidente de la República", señaló Jara en una rueda de prensa.
La titular del Trabajo indicó que "de todas formas lo que hace es buscar que se resguarden los principios en los cuales hemos estado promoviendo, entre otras, el voto obligatorio que es parte de nuestro sistema electoral".
"Todo eso lo va a resolver el Presidente de la República, porque esto es una facultad presidencial. Se va a ejercer el derecho al veto en los términos que se caracteriza a partir de las consultas que el ministro Elizalde realice, pero como una facultad presidencial. Lo que pasa es que esa facultad es del Presidente y, en principio, habrá veto, pero el Presidente es quien va a definir en última instancia, siempre, si lo impone o no, porque es su propia facultad", enfatizó.
En medio de las amenazas del Partido Republicano, que deslizó la posibilidad de una acusación constitucional contra el Presidente Boric, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) advirtió que, si no se presenta el veto, "el Presidente estaría infringiendo gravemente la Constitución, pues la Constitución lo mandata a establecer en una ley orgánica las sanciones o multas en caso de no acudir a sufragar teniendo voto obligatorio".
"Eso tiene consecuencias desde el punto de vista la relación con la oposición y del punto de vista también desde el accionar de los parlamentarios en relación a las herramientas que tenemos", alertó el parlamentario.
"También es una vía el Tribunal Constitucional", indicó Longton, antes de asegurar que "es de las situaciones más complejas que nos ha tocado vivir y no tendría precedentes desde la vuelta de la democracia".
