Persecutores aseguran que nuevo proyecto aumentará su ya sobrecargado trabajo.
Según asociación que los reúne, los 650 fiscales reciben en promedio 2 mil causas cada uno.
El proyecto aumenta las penas para quienes agredan a Carabineros y tipifica dos nuevos delitos.
La Asociación de Fiscales llegaron hasta el Palacio de La Moneda para reunirse con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para solicitar que se recojan sus necesidades y peticiones, ya que el nuevo proyecto que aumenta las sanciones a quienes insulten o agredan a Carabineros incrementará el ya sobrecargado trabajo del Ministerio Público.
Esta semana, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que aumenta las sanciones para quienes agredan, verbal o físicamente a funcionarios policiales y que tipifica dos nuevos delitos donde se incluye a quienes profieran amenazas o atenten contra vehículos o recintos policiales.
Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales, dejó entrever que no están de acuerdo con los aumentos de las figuras legales ya que en Chile hay 650 persecutores que reciben en promedio dos mil causas cada uno.
"Lo que nosotros pediríamos cuando se están creando nuevos delitos (es que) se vea si se cuenta con los medios necesarios. El problema es que ya, con los delitos que hoy día existen, no tenemos los medios necesarios; entonces, cualquier nuevo delito, por pequeño que sea, aumenta la sobrecarga de trabajo que ya tenemos", apuntó Uribe.
La Defensoría Penal Pública, en tanto, tomó una postura más cauta y esperan la discusión que se dé en el Congreso para definir sus puntos de vista respecto a este proyecto y aunque admiten la sobrecarga laboral con esta iniciativa, aseguran que ya existen las normas jurídicas para que se castigue este tipo de actos.
"No sabemos cuánto de esto podría afectar, ha ocurrido anteriormente, que cada vez que existe una modificación legal, los aumentos no son tan considerables y nos parece que ahora, presentado esto en el Congreso, es el Congreso Nacional el lugar donde podamos presentar nuestras ideas para que el proyecto sea algo positivo y no produzca un efecto contrario al que se busca", precisó el defensor nacional, Georgy Schubert.
Reacciones en el Gobierno
La ministra de Justicia, Patricia Pérez, afirmó que la sobrepoblación en los recintos penales del país alcanza el 24 por ciento y dijo que, respecto a esta ley, hay que ser rigurosos ya que el sistema procesal puede contemplar diferentes salidas como las penas alternativas "y no solamente las penas privativas de libertad, sino también las salidas alternativas también la aplicación de la ley de penas alternativas".
En tanto, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, volvió a defender la iniciativa y si bien señaló que los fiscales están en todo su derecho de plantear sus demandas, recalcó que es importante la defensa a las policías.
"Lo que hemos hecho es dar una señal clara respecto a la importancia que tiene el cuidar de nuestras policías. Es legítimo poner el tema de la carga laboral, pero creo también que es muy legítimo y, además, creo que es inconveniente que poner nosotros un trema que es superior, que es la idea de que nuestras policías deben ser respetada", apuntó el ministro.
El proyecto estipula que si una persona insulta a un efectivo arriesga 60 días de cárcel, sentencia que aumentaría hasta los cinco años para quienes profieran amenazas o atenten contra vehículos o recintos de la policía.
