La diputada Marcela Riquelme, parlamentaria por la Región de O'Higgins, abordó este viernes la denuncia por el delito de abuso sexual en su contra y sostuvo que las diligencias investigativas "permitirán demostrar mi inocencia".
Según una publicación de El Tipógrafo, la denunciante es "una mujer adulta del círculo cercano" de la abogada y activista LGTB, mientras que El Mercurio reveló que además sería una militante del Frente Amplio (FA) y colaboradora de la legisladora de la comuna de Rengo.
La denunciante relató que el hecho ocurrió en las últimas semanas y adjuntó presuntas conversaciones de WhatsApp con insinuaciones sexuales, como parte de las pruebas presentadas.
Por lo anterior, la diputada Riquelme comunicó a través de sus redes sociales que "ante la convulsión de la contingencia nacional, en la que están siendo investigadas figuras públicas por delitos de índole sexual, el día miércoles 30 de octubre de 2023 fui notificada por el Tribunal Regional de O'Higgins del partido Frente Amplio respecto de una denuncia en la que se me acusa el haber cometido el presunto delito de abuso sexual contra una integrante de mi equipo parlamentario".
"Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respecto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos", agregó la parlamentaria.
Suspendida su militancia del Frente Amplio
A raíz de la acusación, el secretario general del FA, Andrés Couble, afirmó que, "ante la gravedad de la denuncia contra la diputada Riquelme, los tribunales internos han decretado la medida cautelar de suspensión de militancia".
La "institucionalidad ha actuado con celeridad y resguardando que exista toda la protección, respaldo y acompañamiento que la denunciante requiera", enfatizó el dirigente, y agregó que "reafirmamos nuestro compromiso con el feminismo, la erradicación de la violencia contra la mujer y el consentimiento como base del ejercicio de la libertad sexual".
De momento, no existe una acusación formal ante el Ministerio Público por el presunto delito.
Reacción desde el Gobierno y crítica a la ministra
La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, rechazó "todas formas de violencia", como también aseguró que "nos hemos puesto en contacto con la denunciante y le hemos ofrecido atención y apoyo psicosocial, el cual ella ha aceptado".
Asimismo, recordó que el Servicio Nacional de la Mujer "también atiende a mujeres que han sufrido violencia por parte de otras mujeres y que, por lo tanto, tampoco en estos casos se requiere de una denuncia para poder asistir a nuestros centros, buscar orientación, buscar apoyo jurídico o psicosocial o también informarse en el 1455".
No obstante, las críticas no se hicieron esperar y la diputada Paula Labra (RN) expresó que "es totalmente impresentable la diferencia en el actuar de la ministra Orellana frente a esta denuncia comparado con la denuncia hacia Monsalve. Rápidamente, en menos de 24 horas, ha ofrecido atención y apoyo psicosocial a la denunciante, al igual que en una serie de casos anteriores de alta connotación mediática. Pero en el caso del subsecretario Monsalve, ella incluso defendió su decisión de no contactar a la víctima y no ofrecerle apoyo, siendo el único caso en que ha actuado de manera distinta".
"Es reprochable el doble estándar que ha demostrado la ministra y se hace insostenible que siga en el cargo. No se entiende qué espera el Presidente Boric para pedirle la renuncia", agregó.
Desde la oposición evalúan presentar un proyecto de ley que amplíe los delitos de flagrancia, de 24 a 48 horas.
