Las declaraciones de los abogados y contadores del Servel levantaron las sospechas sobre gastos electorales y solicitud de reembolsos en su campaña a gobernadora metropolitana.
Tres bancos deberán entregar los movimientos financieros de la ex militante de Comunes.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, que ordenó alzar el secreto bancario de las cuentas de Karina Oliva y así permitir esta medida intrusiva para avanzar en la investigación por el presunto fraude de subvenciones en su campaña a gobernadora metropolitana, acotó el plazo de la diligencia.
Los tres bancos en que tiene cuentas la cientista política, expulsada del Partido Comunes (Frente Amplio), deberán entregar los movimientos financieros efectuados entre el 1 de enero de 2021 y el 27 de enero de 2022, según consignó esta tarde La Tercera PM.
La diligencia también se autorizó respecto a su administrador electoral Martín Miranda, quien también tiene calidad de imputado en el caso.
En la petición de la Fiscalía Metropolitana Sur para que el tribunal permitiera revisar los movimientos bancarios de Oliva aparecen los testimonios de abogados y contadores del Servicio Electoral (Servel), las cuales levantaron sospechas sobre sus gastos electorales y solicitud de reembolsos.
"Los montos eran demasiado elevados" y "se repetían proveedores", se lee en sus declaraciones, según consignó el citado vespertino.
Por ejemplo, Miguel Ángel Baeza, contador del equipo del Servel, dijo ante el fiscal haberle hecho 32 observaciones a la rendición de cuentas electorales de la campaña de Oliva, las cuales, según recordó, "generalmente, eran por asesorías o boletas de honorarios abultadas, mismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son tres meses de campaña y en la segunda vuelta es un mes, se rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado".
En ese sentido, el auditor explicó que, mientras revisaba los documentos presentados por la ex candidata, "algo que me llamó la atención fue que los fondos estaban compuestos por aportes privados, públicos y valorizaciones. En primera vuelta, doña Karina Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos y consumió cercano a los 300 millones nuevamente".
"Me llamó la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones muy poco aporte privado, mucha solicitud de reembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de Banco Estado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de 1 mes y la primera de 3 meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados", indicó.
"A mí me llamó la atención principalmente los montos que se pedían por los servicios, pues discrepaba mucho de los otros candidatos, los mismos servicios por otros candidatos eran mucho menor a lo que se estaba rindiendo, eso lo comenté, no recuerdo si en forma grupal vía teams, pero si estoy seguro que se lo comenté a un colega, eso de que me llamaba la atención lo alto de los montos", declaró Héctor Guzmán, otro de los contadores del equipo del Servel.
La militante de Comunes "tuvo 32 observaciones cuando lo normal son 2, 3 o 4, o como mucho 10, pero esta cuenta tuvo 32 observaciones", subrayó otro abogado ante el Ministerio Público.
Añadió que "estos casos nos llamaron la atención por los montos, ya que la gente que tiene cierta experiencia ya maneja cierto rango, por ejemplo si está rindiendo un gasto de un viaje o un gasto por alojamiento, se manejan ciertos rangos. En este caso eran gastos por asesoría de campaña entonces eran montos excesivamente altos, por lo que comentaban los auditores senior que son los que han participado en muchas revisiones anteriores. Eso hizo que se formularan tan cantidad de observaciones".
"En específico, dentro del oficio de observaciones, se realizó una observación por un gasto del proveedor 'Sport Management' por un monto de $ 50.000.000, cuya glosa era 'desayuno feminista y cierre de campaña'", agregó el funcionario.
En el escrito ingresado el Séptimo Juzgado de Garantía, la Fiscalía explicó al juez que necesitaba acceder a esta información para "verificar los destinos de los dineros fiscales depositados, acreditar un eventual perjuicio y corroborar que los dineros pagados por concepto de reembolso de gastos electorales rendidos en la candidatura a gobernadora regional por la Región Metropolitana hayan sido efectivamente destinados en su totalidad a efectuar los pagos que se individualizaron en la rendición de cuentas presentada ante el Servicio Electoral".
