"Esa hueá no procede". Esas categóricas y controversiales palabras las emitió el mes pasado el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en repudio al hecho de tener que pedir autorización al delegado presidencial para reunirse con los servicios públicos de la región.
"La figura del delegado presidencial actúa como un celador del proceso de descentralización", fustigó entonces.
Sin embargo, ese paso ya no procederá. Esto porque la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en último trámite y despachó a ley el proyecto del Gobierno que busca corregir falencias para "implementar adecuadamente el proceso de descentralización del país".
Entre las principales modificaciones que incorpora al capítulo que creó el cargo de gobernador en la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, está aquella referida a las reuniones de esa nueva autoridad, electa democráticamente, con jefes de servicios públicos que sigan bajo la jerarquía de La Moneda, o con los secretarios regionales ministerios (seremis), punto que reclamaba Mundaca.
En detalle, agrega la siguiente norma, que no existía: "El gobierno regional podrá convocar a los directores regionales de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el Presidente de la República o a los secretarios regionales ministeriales para abordar la contribución sectorial en el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de desarrollo de la región, según corresponda".
Ahora, Mundaca valoró que "es un avance que dice relación con la batalla que hemos desplegado todas las gobernadoras y gobernadores electos democráticamente para terminar con esta camisa de fuerza que implicaba pasar por el delegado al momento de tener que juntarnos con el director de servicio, con algún seremi".
"Y por cierto ese tema no procede, porque somos autoridades democráticas que no necesitan de tutelaje", remarcó.
También pone fin al denominado "silencio administrativo" sobre la transferencia de competencias. La ley, hasta antes de este proyecto, establecía que si el Ejecutivo no respondía en seis meses la solicitud del gobernador para el traspaso de alguna facultad, ésta se daba por denegada. Pero ahora, el Gobierno Central "deberá responder expresa y fundadamente" si acepta o rechaza la petición dentro de ese plazo.
Cristina Bravo, gobernadora del Maule, destacó que "nosotros somos quienes definimos el presupuesto y las prioridades, y de ahora en adelante tenemos las facultades de coordinar y llamar a los seremis de las distintas carteras, de los distintos ministerios, de tal manera que ellos puedan participar muchas veces en algunos de los comités que nosotros queremos impulsar desde el gobierno regional, así que muy contentos".
Por otro lado, establece que la Contraloría General de la República resolverá los conflictos que se susciten entre gobernador y delegado, como, por ejemplo, aquellos que puedan producirse por una eventual dualidad de competencias.
El texto de ley corta, que tuvo que ir a comisión mixta, fue visado hoy en la Cámara Baja con 120 votos a favor, 2 en contra -Félix González y Pamela Jiles- y una abstención -Rodrigo González-.
La ley que creó el cargo de gobernador, y que había quedado con estas falencias hoy corregidas, fue publicada a inicios del 2018 bajo el nombre de "fortalecimiento de la regionalización".
El senador Carlos Bianchi, quien presidió la referida comisión mixta, reprochó que "se han perdido muchos años y aquí hubo una discusión absolutamente artificial con respecto a algunos actores de la época, que nunca quisieron que existan estas autoridades y este tipo de administración de los territorios".
"Espero que pronto lleguemos a tener verdaderos gobiernos regionales", subrayó el representante por Magallanes.
En el proyecto aprobado hoy, y que quedó en condiciones de ser promulgado, quedó pendiente un artículo referido a la asociatividad entre gobiernos regionales, pero en la instancia parlamentaria apuntaron que quedará saldado con el debate de la ley de Presupuesto, próxima a comenzar.
