El dos veces candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami denunció al Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por una presunta "privación arbitraria" de sus derechos políticos, que le impidió sufragar en las últimas votaciones, debido al proceso penal que enfrenta por delitos tributarios en el caso SQM.
En el escrito, presentado el 22 de diciembre mediante el abogado Ciro Colombara, acusa que durante la investigación del Ministerio Público, "desde hace casi 6 años por una supuesta infracción tributaria vinculada a un supuesto financiamiento irregular de campaña de los años 2009 y 2013, el caso SQM, habiendo sido acusado hace casi 2 años, han ocurrido dos hechos graves en perjuicio de Marco Enríquez-Ominami".
"Recientemente, ha sido privado de su derecho a sufragio y de sus derechos políticos en virtud de la acusación del Ministerio Público, y por una decisión de Servel sin que exista condena penal o resolución de algún Tribunal", sostiene el texto, que publica hoy La Tercera.
Asimismo, puntualiza que en el proceso penal "se ha excedido absolutamente el plazo razonable, ya que pese a que van casi 6 años de investigación del Ministerio Público, aún no se realiza la audiencia de preparación de juicio oral y no existe fecha probable para el juicio oral (cuya duración podría ser de un año)".
El líder del PRO y ex diputado enfatizó que lleva "seis años de investigación, seis años sin juicio, claramente existe una vulneración al derecho a ser juzgado en un plazo razonable", por lo cual, aseguró: "Tal como lo he mencionado anteriormente, agotaré todas las instancias nacionales e internacionales para que nunca más en Chile se vulneren las garantías políticas y constitucionales de ningún ciudadano. Es una flagrante violación a los DD.HH. privar del derecho a voto a personas que no han podido acceder a un juicio".
A su vez, Colombara apuntó que "lo que está ocurriendo con el caso SQM es claramente irregular desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos", y en ese sentido, "lo que han hecho el Ministerio Público y Servel acarrea responsabilidad internacional para el Estado: no se puede privar del derecho a sufragio a una persona sin que haya una condena penal. Eso es obvio".
"Y recientemente lo señaló de manera clara la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro, contra Colombia", recordó.
