Por no constar su defunción, las víctimas de la dictadura no pueden ser sacadas del Servicio Electoral.
En los últimos meses se avanzó en una solución, pero "no se materializó", explicó el presidente del Senado, Camilo Escalona.
Una "ofensiva paradoja" dicen vivir los familiares de detenidos desaparecidos de cara a las elecciones municipales de domingo. Pese a todas las intenciones planteadas para corregir esta situación, que se develó en el mes de mayo, las víctimas de la dictadura quedaron finalmente incluidos en el padrón electoral y tienen designada mesa y local de votación.
En el registro del Servel se puede encontrar, por ejemplo, a Waldo Pizarro Molina, quien fue marido de la fallecida dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Sola Sierra y padre de la actual presidenta de ese organismo, Lorena Pizarro.
Víctima de la DINA en 1976, hoy aparece convocado a votar en la en la mesa 1M de la Escuela Pedro Regalado Videla de Andacollo, en la Región de Coquimbo.
Caso similar es el del ex dirigente de la CUT Víctor Díaz López, padre de la dirigente Viviana Díaz que está detenido y desaparecido desde 1976 e inscrito automáticamente para sufragar en la Escuela Alessandri de Ovalle.
Otro detenido desaparecido, Carlos Lorca Tobar, tendría que votar el domingo en la mesa 8M del Liceo José Victorino Lastarria de Providencia, según el Servicio Electoral. Lizandro Cruz Díaz, José Adasme Núñez, Marta Neira Muñoz, Óscar Rojas Cuéllar son otros de los casos que se pueden observar en la plataforma automática del Servel.
Cuando surgió esta polémica, en el mayo pasado, diversos parlamentarios, autoridades y dirigentes políticos manifestaron su voluntad de subsanar esta situación, originada por la entrada en vigencia de la ley de inscripción automática.
Esto choca con varias dificultades: los detenidos desaparecidos no pueden ser sacados unilateralmente de los registros electorales por no haberse acreditado legalmente su deceso. Si sus familiares se acogieran a la figura de la muerte presunta, varias causas judiciales de derechos humanos podrían cerrarse automáticamente.
Debido a esto, desde la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos proponen que el Estado cree una figura especial, de personas "ausentes por desaparición forzosa".
"Mi papá no es un vivo, no es un muerto; es un desaparecido, pero legalmente no existe. Es una paradoja, pero también es una ofensa", dijo Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
"Es el Estado el que hace desaparecer a miles de hombres y mujeres, y es el mismo Estado el que hoy día, en esta falta de voluntad política para enfrentar el tema de fondo, los convoca a ser posibles votantes. En otros países esto sería inaceptable", añade Pizarro.
"¿Vamos a legislar para reconocer que en Chile hay ciudadanos detenidos y desaparecidos, que tienen esa condición?", concluyó.
A la espera de la decisión del Gobierno
La Comisión de Derechos Humanos del Senado presentó en mayo un "proyecto express" para corregir esta situación puntual, pero acogiendo la petición de la Agrupación, se acordó solicitar al Gobierno que enviara una iniciativa de ley tendiente a crear un registro especial.
Lo explica el presidente del Senado, Camilo Escalona: "Como le entrega una función al Registro Civil y de Identificación, la ley es iniciativa exclusiva del Presidente de la República".
"El trabajo de la Comisión de Derechos Humanos llegó a constatar este acuerdo, recogiendo la opinión de las propias organizaciones de derechos humanos, y se quedó a la espera de que el Ejecutivo pueda enviar el proyecto de ley, situación que todavía no ha ocurrido. Se postergó. Se avanzó en crear un acuerdo positivo, pero no se materializó", dijo Escalona.
En el estatus actual, además de ser convocados a votar, los detenidos desaparecidos podrían ser llamados a ejercer como vocales de mesa. Para todos los efectos, mientras no exista certificado de defunción, estas personas seguirán apareciendo en el Registro Electoral, como ratificó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.
"La iniciativa no ha fructificado. Si no consta una defunción, la persona seguirá apareciendo en los registros. Es más, el Registro Civil tiene prohibición legal de, por sí y ante sí, adoptar una decisión en contrario", dice el secretario de Estado.
En definitiva, crear una nómina especial de detenidos desaparecidos en el Registro Civil para evitar "paradojas" como ésta depende de un proyecto del Gobierno.
