El ex alcalde Raúl Torrealba (RN) comprometió "toda la colaboración" en la indagatoria que lleva el Ministerio Público en su contra por presunto fraude y eventuales delitos de corrupción en el municipio de Vitacura durante su administración en la Municipalidad de Vitacura, que se extendió por casi 25 años (diciembre de 1996 a junio de 2021).
"En relación a los hechos que se han dado conocer públicamente quiero manifestar, como lo he dicho frente a varias consultas de los medios de comunicación, que prestaré toda la colaboración a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público para que ellos sean debidamente esclarecidos", declaró el investigado otrora jefe comunal.
"Así se lo he comunicado a través de mi abogado (Francisco Velozo) a la Fiscalía que está llevando adelante esa investigación", agregó, según publicó hoy La Tercera.
Asimismo, "tengo plena confianza en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y aportaré todos los antecedentes e información de que disponga para de ese modo colaborar con el éxito de las pesquisas que se están realizando", aseguró.
RECIBÍA MENSUALMENTE UN SOBRE CON $5 MILLONES, SEGÚN DENUNCIA
A mediados de agosto, la actual alcaldesa Camila Merino (Evópoli) acusó irregularidades en el pago de subvenciones del programa de desarrollo municipal Vita durante la administración Torrealba. Esta semana el municipio se querelló.
La acción judicial se dio luego de varias denuncias, como la de Domingo Prieto, ex presidente y representante legal del Consejo Local de Vitacura, Vita Salud y Vita Deportes, quien acusó que su firma fue falsificada en documentos públicos y privados.
También Antonia Larraín, funcionaria por 16 años del municipio, sobrina de Prieto y amiga de una de las hijas del ex alcalde Torrealba, se autodenunció confesando que debía entregarle mensualmente 5 millones de pesos en un sobre a la ex autoridad comunal.
"Apenas comenzó a ocupar el cargo, el imputado Torrealba le señaló que todos los meses ella recibiría del imputado Prieto un sobre con suma aproximada de $5.000.000, lo que efectivamente ocurrió hasta el mes de diciembre de 2020", detalló esta semana el fiscal adjunto Carlos Ramírez, de la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.
Este miércoles el ente persecutor decretó el secreto de la investigación por un período de 120 días.
Según se ha conocido estos días, la Fiscalía y la PDI allanaron los domicilios de Torrealba y de Prieto, acciones concretadas el lunes 23 de agosto, al mismo tiempo en que se ordenó que fueran requisados los computadores de los programas "Vita".
La alcaldesa Merino informó también que en paralelo se inició un sumario administrativo en el municipio, "proceso en que la fiscal interna suspendió preventivamente a tres funcionarios municipales -el director de Control, el director de Administración y Finanzas, y la subdirectora de Desarrollo Comunitario-, para asegurar el resultado de la investigación".
El Consejo de Defensa del Estado evaluará si se hace parte de la causa mediante una querella luego de que analice todos los antecedentes.
