El Ministerio Público investiga un millonario fraude en la Corporación Municipal de La Florida, luego que se conociera el caso de la secretaria general María Angélica Céspedes, quien en mayo de 2014 renunció tras 18 meses de trabajo y recibió una indemnización de más de 27 millones de pesos.
Según la acusación presentada por concejales de la Nueva Mayoría, el contrato de la funcionaria firmado por el alcalde Rodolfo Carter contemplaba una indemnización equivalente a 11 años de servicio y a todo evento.
El concejal PPD Reinaldo Rosales afirmó que "este tema lo tocamos en el concejo y el alcalde tampoco quiso referirse a ese tema y lo que hicimos fue llevarlo a la Fiscalía. Ya se hicieron los interrogatorios correspondientes y él admite haber firmado tanto el finiquito y el contrato en donde se le entregan los 27 millones de pesos".
Los concejales además solicitaron un informe por parte del entonces director de la Unidad de Control de la Municipalidad de La Florida, Arturo Molina, quien sentenció que el contrato es ilegal y fraudulento.
"Cuando ella es trasladada a la Corporación, como en la Municipalidad no existen las indemnizaciones, no es posible pagarle a alguien, entonces, la contrataron en la Corporación en condiciones bien favorables", explicó Molina.
"Está todo un informe donde el alcalde Carter asegura que sea lo que sea le va a pagar el equivalente a 11 meses y a todo evento y eso es lo que hizo, en definitiva, le pagó 11 sueldos", sentenció el ex contralor municipal.
Fiscalía prepara formalizaciones
La Fiscalía citó a declarar en calidad de imputado a la profesional, quien hizo uso de su derecho a guardar silencio, y en calidad de testigo al alcalde Carter y al actual secretario general de la Corporación Municipal, Daniel Reyes, quien aseguró que están entregando todos los antecedentes que ha requerido la Fiscalía.
"Nos fueron requeridos durante el año cierta cantidad de antecedentes y fueron remitidos oportunamente a la Fiscalía: todos los antecedentes respecto a la contratación, respecto al pago de esta indemnización, nosotros los remitimos a la Fiscalía", precisó.
Los antecedentes del caso fueron enviados al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y los querellantes están a la espera de un pronunciamiento del CDE, al igual que la Fiscalía, que ya se prepara para la etapa de formalizaciones.