Después de que a inicios de este año se lograra paralizar un embargo decretado por el 17° Juzgado Civil de Santiago, el Cuarto Juzgado Civil dispuso la liquidación forzosa de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), presidida por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Según consignó El Mercurio, ambas causas fueron iniciadas por Best Quality Products, empresa proveedora que demandaba más de 1.200 millones de pesos como deuda -correspondiente a montos no enterados por la venta de mascarillas, guantes y termómetros en pandemia-, al tiempo que solicitaba establecer la quiebra de la asociación, lo que consiguió este jueves.
Conocida la resolución, el ex precandidato presidencial confirmó su contenido en su cuenta de Twitter: "Aprovecho de informarlo antes de que algunos medios comiencen a afirmar que las farmacias populares no seguirán funcionando", precisó.
Adjuntó a su publicación la respuesta oficial de la Achifarp, en la que sostiene que "respetamos y acatamos las determinaciones de la Justicia, sin embargo, apelaremos de esta decisión, la cual no compartimos". A la vez, manifiesta que "lamentamos la actitud tomada por la empresa Best Quality Products SpA de rechazar todas y cada una de las opciones de pago propuestas por esta asociación respecto de la deuda existente, en ningún caso desconocida".
"Igualmente, lamentamos que de las 93 municipalidades que son parte de Achifarp, sólo 29 de ellas mantienen sus cuotas al día, mientras que 63 se encuentran morosas por una suma total de más de 1.200 millones de pesos. Recursos que, sin duda, nos hubieran permitido asumir entre todas y todos de manera solidaria el normal funcionamiento de la asociación", apunta el escrito.
Tal como el propio alcalde sostuvo en su tuit, el comunicado remarca que "para la tranquilidad de usuarias y usuarios, aclaramos que las farmacias populares seguirán entregando medicamentos e insumos médicos a precio justo, puesto que su funcionamiento no depende de Achifarp, sino de los respectivos departamentos de salud de cada municipalidad".
FISCALÍA PIDIÓ PRONUNCIAMIENTO DEL CDE
En paralelo, existe una causa en sede penal por estafa, entre otros delitos, contra la Achifarp, dado que Best Quality presentó una querella, por la que el Ministerio Público recientemente ofició al Consejo de Defensa del Estado para solicitar un pronunciamiento, es decir, conocer si se involucrará penalmente o no en el caso.
"De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado y por verse afectado el patrimonio fiscal, informo a Ud. que en esta unidad se sigue la investigación identificada con el RUC de la referencia, por el delito de fraude al fisco, remitiendo a Ud. los antecedentes reunidos, para los fines correspondientes", plantea el documento.
Uno de los antecedentes adjuntos es el informe de la Contraloría General de la República, que puso en duda la legalidad de convenios por más de 613 millones de pesos con las alcaldías de Recoleta y Paillaco y el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para la adquisición y asignación de equipamiento médico para personas en situación de discapacidad.
