La AChM dijo que hay más de 100 alcaldías en riesgo financiero a raíz de acciones judiciales de docentes.
Tanto el Mineduc como los gobiernos comunales señalan que las platas están pagadas, pero el problema subsiste.
La AChM dice que la situación pone en riesgo la viabilidad del proyecto de desmunicipalización.
La Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) anunció que presentará una demanda con el Estado a raíz de los problemas financieros provocados por las acciones judiciales de profesores que exigen el pago del denominado "bono proporcional".
La organización explicó que desde el año 2012 se vienen acumulando demandas contra los municipios respecto de esta bonificación, que tiene un carácter mensual y permanente y le corresponde a cada docente según sus horas de nombramiento (ver archivo adjunto), conforme indica la Ley 19.933.
Los alcaldes alegan que, en su condición de sostenedores, han pagado lo que corresponde, pero la Corte Suprema ha fallado a favor de los demandantes, en causas donde el Consejo de Defensa del Estado se ha puesto "activamente" de las municipalidades.
Agregan que los recursos comprometidos en estos juicios son aproximadamente 300 mil millones de pesos, escenario que incluso pone en riesgo la viabilidad del proyecto de Nueva Educación Pública (desmunicipalización) que impulsa el Gobierno.
"Crisis financiera inmanejable"
"Los municipios hemos señalado que el bono proporcional ya fue cancelado, de acuerdo a las instrucciones del Ministerio de Educación. Lo pagamos y así fue ratificado por la Contraloría General de la República. Sin embargo, los tribunales han fallado en contra de los municipios, lo que ha obligado a muchas comunas a pagar altas sumas por estas demandas", alegó Felipe Delpin (DC), presidente de la AChM.
El dirigente señaló que hay municipios, como el de Osorno, "demandados por hasta 8.000 millones de pesos", lo que "genera una crisis financiera inmanejable".
"La Contraloría ha dicho en dos dictámenes que los municipios cumplieron cabalmente con los instructivos, y que se pagó como correspondía. Hemos estado las municipalides chilenas involucradas en un problema que no generamos nosotros", añadió la autoridad comunal.
"Nosotros cumplimos, y si hay un pago que se ejecutó técnicamente de una forma que no correspondía fue por responsabilidad del Estado chileno, que instruyó a los municipios", agregó Delpin, alcalde de La Granja, quien encabezó hoy una asamblea extraordinaria que reunió a más de 100 jefes comunales de todo el país.
El secretario general de la AChM, Fernando Paredes (UDI), reafirmó que "la situación que enfrentan los municipios es muy apremiante", porque "no se trata de recursos menores".
"Estamos hablando de demandas de casi un tercio del presupuesto municipal, lo que haría peligrar nuestra obligaciones con la comunidad", dijo Paredes, alcalde de Puerto Natales.
La Asociación señaló que hoy mismo sus equipos de abogados comenzarán a elaborar un escrito tipo que difundirán entre las alcaldías que están de acuerdo con la demanda al Estado.
Delpiano: "El Ministerio ya pagó y no puede contribuir"
Consultada por este punto, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, respondió que "efectivamente ese bono se pagó".
"El Ministerio pagó los recursos y la Contraloría nos ha señalado que el Ministerio no puede contribuir con recursos para pagar esta deuda, porque ya se pagó, y quien determinó la forma de imputar este pago en el pasado fue también la propia Contraloría", comentó la secretaria de Estado.
El Colegio de Profesores reaccionó cuestionando el anuncio de demanda, aunque reconoció que si las alcaldías no tienen cómo pagar, es el Estado el que debe hacerse cargo.
El presidente del magisterio, Mario Aguilar, sostuvo que "ahora están reconociendo que deben pagar, a mí me produce un avance que autoridades salgan del estado de locura temporal y entren en razón, porque en los fallos de la Corte Suprema lo único que le corresponde a las autoridades es acatar el fallo".
"Sí nos parece bien, independiente que sea dudosa, más bien parece una cosa efectista este anuncio de demanda porque me parece que no tiene mucho destino. Es correcto que si hay municipios que tienen dificultades para asumir estos montos que ya están ejecutoriados venga el Estado central en ayuda de ellos", agregó el dirigente.
Las demandas de los docentes acogidas por la justicia alcanzan los 8.000 millones de pesos en algunos casos, como el de Osorno, y 5.000 millones en comunas como Santiago y Ñuñoa.
