El presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría,valoró la aplicación de la nueva ley electoral.
"La política se había mercantilizado demasiado", criticó.
Patricio Santamaría felicitó que con la nueva ley "se está volviendo al sentido que nunca debió perder la política".
El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Patricio Santamaría, aseguró en Cooperativa que con la nueva ley de financiamiento electoral "va a ser una campaña más austera" la que se dé de cara a los comicios municipales del 23 de octubre.
"Yo creo que eso es bueno, por la situación económica del país, por cómo debiese hacerse la política. La política se había mercantilizado demasiado", afirmó Santamaría en conversación con El Diario de Cooperativa.
El representante del Servel añadió que "la misma propaganda, la publicidad, eran caras bonitas, y a veces no tanto, pero en todo caso photoshopeadas a veces con frases que no dicen anda. Hoy día se obliga al candidato al ir al puerta a puerta. (...) Se está volviendo al sentido que nunca debió perder la política".
"Vamos a tener campañas más austeras", concluyó, agregando que hasta el momento las candidaturas han recibido un total de 1.243 millones de pesos en aportes en general.
Por esto, Santamaría destacó que hasta el momento "tenemos una buena evaluación en general" de la nueva ley.
Investigación a padrón electoral
La autoridad además comentó la denuncia de cambios de domicilios irregulares que acusó un vecino en Providencia.
Al respecto, explicó que "el padrón se constituye en tres fases: primero, un padrón provisorio y que es el que nosotros revisamos y que nos dio a que presentáramos querella criminal por primera vez como Servicio Electoral en dos comunas donde aparecía un crecimiento explosivo. Posteriormente viene una auditoría al padrón y se publica el padrón final".
"Ese padrón auditado se publicó y con domicilios y eso hizo que hubiera una cantidad importante de denuncias, 1.352", precisó Santamaría, indicando que de ese total, 1.328 corresponden a denuncias individuales de personas que piden que se les corrijan sus datos electorales o personas que recuperaron su derecho a votar y no salen registrados.
Mientras que otras "24 reclamaciones de carácter más bien masiva, son reclamaciones que intentan excluir 6.900 personas", puntualizó.
