En los antecedentes se indica que la ex alcaldesa de Maipú generó un perjuicio por más de 21.692 millones de pesos.
"Nos encontramos en el tramo más alto de la pena de fraude al Fisco, que va entre 5 años y un día a 15 años", detalló el abogado querellante.
El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible este viernes la querella contra la ex alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, por el delito de fraude al Fisco en el que presuntamente incurrió durante su administración en la comuna (2016-2021).
Dentro de los antecedentes generales del documento, se sostiene que la ex autoridad generó un perjuicio por más de 21.692 millones de pesos, en lo que se califica como uno de los mayores fraudes que se conoce en la historia municipal.
Sobre posibles condenas contra la ex líder del municipio, José Pedro Silva, abogado de Tomás Vodanovic, actual alcalde de Maipú y querellante en la causa, indicó que "dado el monto del perjuicio que estamos imputando, nos encontramos en el tramo más alto de la pena de fraude al Fisco, que va entre 5 años y un día a 15 años".
"Evidentemente que en este tipo de casos entran a jugar atenuantes agravantes que después inciden en la pena en concreto que se le aplica al imputado, pero además, no solo es pena, sino que existe una multa de la mitad del perjuicio causado al patrimonio fiscal y además la inhabilitación para ejercer cargos públicos", detalló el jurista.
Además, dio cuenta de que "aquí no solo estamos hablando de una de las penas más importantes que tiene el Código Penal, sino que además hay multas que pueden ser bastante cuantiosas".
Los hechos que cuestiona la actual administración son: sobreestimación de ingresos municipales de manera exponencial año a año, a pesar de los millonarios déficits que presentaba el presupuesto municipal; y la modificación fraudulenta de la contabilidad financiera del municipio mediante la modificación de los certificados de disponibilidad presupuestaria.
Este viernes el Consejo para la Transparencia y el Gobierno Regional Metropolitano firmaron un convenio de colaboración para implementar estándares de transparencia vía capacitaciones y otras acciones específicas, incluso más allá de lo que establece la Ley de Transparencia.
"Con esto vamos a recuperar probablemente la confianza en la ciudadanía, vamos a hacer exigible el control social, vamos a poder poner luz ahí donde las sombras de repente permiten en los actos de corrupción y vamos a entregar, por último, a través del acceso a la información pública, un derecho clave para los ciudadanos: derecho llave que le permite a los ciudadanos y ciudadanas ejercer otros derechos", destacó la presidenta del Consejo, Gloria de la Fuente.
En esta línea, el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que "este es un paso más en la dirección de recuperar la confianza de la ciudadanía. La desconfianza que genera las malas prácticas, la corrupción, el conflicto de interés y la mala gestión pública solamente se combate con acciones concretas con la firma del convenio".
La Región Metropolitana es la tercera en sumarse a la instancia que busca potenciar la implementación de principios de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información pública y transparencia activa, la probidad, la participación ciudadana, estrategias de gobierno abierto y la Ley de Lobby, entre otras.
