El representante de la Inmobiliaria San Valentino -vendedora de la exclínica Sierra Bella a la Municipalidad de Santiago-, Felipe Rojas, sostuvo que la diferencia entre el precio en que adquirieron el inmueble y el que pagó el municipio se debe a "la contingencia nacional" del momento.
La empresa compró el centro asistencial por 2.200 millones de pesos en 2022, pero el gobierno local tuvo que pagar el monto de 8.250 millones de pesos.
"El precio de 2.200 millones es un precio al que las partes arriban en un momento específico de la contingencia nacional. Estábamos en un eventual cambio constitucional, donde el sector privado de la salud estaba en cierto grado de definición", dijo Rojas, según informó El Mercurio.
La inmobiliaria inició conversaciones para comprar el edificio en 2019 y estas fueron suspendidas para retomarlas dos años más tarde, añadió: "Se realiza una promesa de compraventa en 2021 (...). En abril de 2022 se firma la escritura y se paga el precio de 2.200 millones que acuerdan las partes libremente".
En 2022, continúo el representante, la inmobiliaria y la municipalidad lograron un acuerdo por el valor de 8.200 millones, valor que está fundando "en la tasación que realiza el vendedor y tres tasaciones de la parte compradora".
Además, agregó que el municipio "pidió exclusividad en la compra".
JUSTICIA ADMITIÓ QUERELLA
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querlla por el delito de fraude al fisco presentada por diputados del Partido Republicano Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser en contra de la alcaldesa Irací Hassler y los funcionarios municiapales que resulten responsables.
Irarrázaval manifestó que "a la alcaldesa Hassler no sólo le bastó destruir la comuna de Santiago con su ineficiencia en materia de seguridad, social y sanitaria, sino que ahora se involucra en un acto de corrupción gravísimo que pone en jaque el futuro de la salud y bienestar de sus vecinos".
"Acá hay más de 5.000 millones de pesos que alguien se quiere llevar para su casa, por lo tanto, estamos ante un acto criminal que se debe investigar y castigar penal y civilmente. El perjuicio causado al patrimonio municipal es tremendo y es indignante percatarse de la forma en cómo se utilizaron recursos públicos de manera fraudulenta", manifestó el parlamentario.
Kaiser, por su parte, sostuvo que "la compra es por más de 8.000 millones de pesos en circunstancias que esta propiedad estaba siendo ofrecida, hace menos de un año, en menos de la mitad de ese valor".
