La Administración del Presidente José Antonio Kast inició una revisión del financiamiento de la educación superior que propone limitar la gratuidad universitaria a nuevos beneficiarios mayores de 30 años y reforzar el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) a profesionales de altos ingresos.
Según explicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la iniciativa busca evitar que egresados con buenos sueldos eludan sus obligaciones financieras.
La propuesta generó un rechazo inmediato en sectores de la oposición, particularmente en el Partido Comunista y el Partido Socialista, cuyos parlamentarios acusaron una vulneración de derechos adquiridos y una contradicción con promesas de campaña del actual gobierno.
El diputado Luis Cuello (PC) calificó la iniciativa como una "discriminación arbitraria" y advirtió que el sector evaluará acciones legales si la medida prospera.
"No aceptaremos retrocesos, por lo que defenderemos la gratuidad ante el Tribunal Constitucional si esto resulta necesario. Este recorte vulnera la igualdad ante la ley y resulta por ello contrario a la Constitución", afirmó Cuello.
En la misma línea, la diputada Daniela Ciccardini (PS) cuestionó el trasfondo de la propuesta y sostuvo que "este es un portonazo a la movilidad social disfrazado de orden fiscal", agregando que la oposición será "implacable" para evitar lo que consideran un retroceso en los avances sociales en materia de acceso a la educación superior.
Por otro lado, el senador Arturo Squella (Republicanos) defendió la propuesta y afirmó que "es bastante razonable" fijar un límite, ya que "no se puede estar permanentemente estudiando a costa de la hacienda fiscal", aunque indicó que habría excepciones para quienes postergaron sus estudios por razones laborales.
