Una vez aprobada la Ley de Fortalecimiento de la Democracia en el Congreso, en enero pasado, partidos de la Nueva Mayoría comenzaron a analizar la posibilidad de profesionalizar los cargos directivos y establecer un sistema de sueldos con financiamiento estatal.
La nueva normativa establece que el Estado comenzará a distribuir cerca de 6.000 millones de pesos anuales entre las colectividades legalmente constituidas, lo que comenzaría a regir a mediados de abril, por lo que en el oficialismo se discute la alternativa de fijar una remuneración de entre 3 y 4 millones para los secretarios generales.
De acuerdo a lo informado por La Tercera, pese a que se ha realizado en otras ocasiones, actualmente partidos como el PS o el PPD no entregan sueldos a los integrantes de sus directivas, pese a la recargada labor administrativa que acarrea su función.
"El PS tiene una administración profesional y habrá que construir algo así como una escala de compensaciones con bandas medianas, para que el sueldo sea una retribución justa. Es un tema que hemos conversado con los otros partidos", sostuvo el secretario general del Partido Socialista, Pablo Velozo.
En tanto, desde el PPD, su vicepresidente, Gonzalo Navarrete, expresó que "algunas veces hemos costeado algún cargo de quienes no tienen otra actividad, pero en la actual administración no se paga a nadie. La idea es que el pago sea formal y sea parte de las cuentas mensuales".
Los secretarios generales son los encargados, entre otras funciones, de coordinar todos los cargos administrativos de los partidos, prestar servicios a dirigentes regionales, supervisar los despliegues territoriales en caso de elecciones y atender candidaturas.
Debido a esta razón, en la Nueva Mayoría consideran que ya que se hace necesario transparentar ante la opinión pública los detalles de la gestión directiva, garantizar exclusividad para ese cargo y entregar una remuneración reservando un porcentaje de lo que recibirán desde el Estado.
Caso de Chile Vamos
Según el matutino, en la oposición existe un sistema formal de pagos para los cargos directivos con un sueldo de cuatro millones de pesos mensuales para los secretarios generales de la UDI y RN, Guillermo Ramírez y Mario Desbordes, respectivamente, siendo el único cargo remunerado.
"Es importante que los partidos tengan la figura de un secretario general con labores políticas y también administrativas. Este trabajo debe ser remunerado, transparente y fiscalizado. La remuneración debe ser acorde a la responsabilidad que se tiene", afirmó Desbordes.
Por su parte, Ramírez explicó que "si en el futuro el prosecretario o el presidente no desarrolla una labor de parlamentario, se les debe pagar un sueldo. Lo importante es que la remuneración nos permita no tener que acudir al mundo privado para mantenernos".
