En medio del regreso del diputado Roberto Arroyo a la bancada, aumentándola a 14 parlamentarios, el Partido de la Gente y su líder, Francos Parisi, se encuentra en medio de una investigación del Ministerio Público por lavado de activos, cuyos antecedentes apuntan a la quema de cartolas bancarias, sumado a los balances cuestionados por el Servicio Electoral (Servel).
De acuerdo a La Tercera, la primera causa se abrió en 2024 luego que la exdiputada Karen Medina y otros militantes denunciaron irregularidades que afectarían el acto de constitución del partido, en 2021.
La parlamentaria aseguró que existió falsificación de firmas en la documentación entregada al Servel, lo que motivó a Patricia Cerda, fiscal del equipo de Alta Complejidad Centro Norte, enfocarse en el extimonel Luis Moreno y el exadministrador general de fondos de la colectividad Miguel Azar.
Según fuentes consultadas por dicho medio, la investigación logró establecer que efectivamente hubo una firma falsificada, correspondiente a Marjorie Catalán, integrante del Tribunal Supremo del PDG en ese momento.
Catalán señaló en su momento que el acta de proclamación del Tribunal Supremo realizado el 5 de agosto de 2021 era "absolutamente falsa. En mi calidad de miembro del Tribunal Supremo Provisorio nunca sesionamos. Nunca estuve en ese lugar y no firmé ningún tipo de documento", consignó Ex-Ante.
No obstante, y aunque la firma no fue hecha por ella misma, la militante del PDG sí aceptó el cargo, por lo que los investigadores descartaron perjuicio y, por ahora, no han zanjado hacer imputaciones formales. Además, la normativa electoral da un plazo de seis meses para retrotraer el acto reclamado, por lo que no se configuran los presupuestos para impugnar la constitución tanto tiempo después.
De todas formas, las diligencias realizadas por la Fiscalía, y coordinadas con la Policía de Investigaciones, originaron una arista vinculada a eventuales delitos de lavado de activos, consignó Mega.
Fuentes cercanas al caso, señalaron que hubo militantes que declararon que vieron a personeros de la formación política quemar cartolas bancarias de cuentas del partido, con la finalidad de eliminar evidencia respecto de supuestos desvíos de dineros que se habrían realizado.
Lo anterior, de ser ciertos los antecedentes, configuraría un posible delito de fraude de subvenciones, ilícito base del lavado de activos que persigue la Fiscalía. Sin embargo, fuentes vinculadas a las indagaciones, tienen suspicacias al respecto, debido a que los antecedentes que se habrían quemado se mantienen en poder de las entidades bancarias por al menos seis años.
La fiscal Cerca ordenó diligencias en base a estos antecedentes, alzó el secreto bancario de las cuentas del PDG y encargó un peritaje patrimonial acabado respecto de las cuentas para evidenciar si hubo o no desvíos de dinero, o si pudieron haberse usado fondos para cuestiones que no correspondían.
A lo anterior, se suma un oficio a la Unidad de Análisis Financieros (UAF) para conocer eventuales reportes en torno a exdirectivos del PDG. Entre ellos, el excandidato presidencial Franco Parisi, máximo representante de la colectividad.
La entidad recibió los antecedentes vía oficio de la Fiscalía en 2024 y la causa se mantiene en análisis.
Asimismo, la Fiscalía tiene presente que los balances de 2021 y 2022 fueron aprobados por el Servel y no se ha hecho reparos al respecto. Pero existen interrogantes sobre los fondos de 2023 y 2024, que alcanzan los $1.400 millones, que en caso de existir desvío, ese es el bolsón del que habría salido.
Balances cuestionados por el Servel
En paralelo, el Servel denunció ante el Ministerio Público eventuales irregularidades como una serie de incumplimientos relacionados con operaciones bancarias y, entre otras, pagos de arriendos sin respaldo, quedando a cargo de la misma fiscal Cerda.
En esta, al igual que la anterior, Azar quedó como principal foco de interés, debido a que entre los gastos que no han podido ser acreditados, aparecen contrataciones de servicios con sociedades vinculadas a él.
Además, se da cuenta de un cheque emitido a nombre del extimonel, cobrado por caja, pero que en función de los datos entregados por la colectividad, el Servel no ha podido establecer el destino real del dinero.
