La bancada del PPD presentó un proyecto para liberar a Carabineros de la obligación legal de notificar resoluciones judiciales y así concentrarse en la lucha contra la delincuencia.
Los parlamentarios plantean que esa labor debe ser llevada a cabo, por ejemplo, por los funcionarios de los juzgados de policía local, y que de ser necesario, se debe concentrar a más personal para ello.
La diputada Carolina Marzán comentó que "resulta profundamente insólito que, cuando Carabineros no da abasto por la cantidad de notificaciones que tiene que hacer desde el Poder Judicial, estos son multados. Nos parece que es profundamente grave".
"Llevándolo a terreno: en la comuna de San Felipe y en la Provincia homónima se realizan alrededor de 600 notificaciones mensuales. En San Felipe hay tres carabineros destinados nada más que a notificar, no pueden dedicarse a sus labores de prevención y de seguridad ciudadana porque no dan abasto. Esto tenemos que solucionarlo", manifestó.
El diputado independiente Héctor Ulloa, impulsor de la iniciativa, dijo por su parte que "el año pasado hubo 750 mil notificaciones realizadas por Carabineros de Chile, claramente esto es desviar la función principal de los funcionarios". "No se puede seguir desviando importantes recursos, tiempo, y jornada laboral a funciones anexas a la seguridad pública", afirmó.
"Estas notificaciones bien podría desarrollarlas los propios funcionarios de los Juzgados de Policía Local, través de los municipios vía inspectores judiciales, o también directamente en el Poder Judicial contratando a dos o tres funcionarios adicionales para que hagan esta labor", expresó.
En paralelo, las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Pública de la Cámara comenzarán esta tarde la tramitación del proyecto de "normas generales para el uso de la fuerza" para Carabineros y detectives de la PDI, que tiene urgencia simple, pese a la petición de Chile Vamos de que sea retirado de tramitación.
