La Asociación Nacional de Magistrados difundió este lunes una declaración pública en la que llamó a resguardar el derecho de los reos a votar en la segunda vuelta del próximo domingo 17 de diciembre.
La nota recuerda que "el derecho a sufragio está garantizado constitucionalmente para todo/a chileno/a mayor de 18 años que no haya sido condenado/a a pena aflictiva; esto es, a una pena de 3 años y un día hacia arriba de privación de libertad".
En consecuencia, "todos/as aquellos/as chilenos/as que han sido condenados a penas de hasta 3 años y todos aquellos privados de libertad, cuyos procesos están en tramitación, sin condena aún, mantienen su calidad de ciudadanos/as y su derecho a sufragio permanece intacto", como "ha sido reconocido por la Excma Corte Suprema en fallos recientes".
"Considerando que en la primera vuelta el referido derecho constitucional no fue viabilizado por los órganos del Estado, como son el Ministerio de Justicia, el Servicio Electoral y Gendarmería de Chile, estimamos necesario hacer un llamado especialmente a esas autoridades a posibilitar y facilitar su ejercicio por quienes que no están en posición de ejercerlo por sí mismos, atendida su situación de privación de libertad", señalan los jueces.
"No podemos ignorar a aquellos que tienen este derecho reconocido constitucionalmente sólo porque se encuentren condenados o sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, ya que no existe mejor ejemplo de una democracia madura que la expresión 'un hombre, un voto', que representa un ideal al que debemos aspirar y que no puede verse imposibilitado por la sola circunstancia de encontrarse en imposibilidad fisica de dirigirse a su mesa a emitir su voto", finaliza el escrito.
Es un "derecho ciudadano" que deben "gozar"
El presidente de la asociación, Álvaro Flores, expresó que "a lo que no podemos acostumbrarnos en este país es que por una cuestión de logística y de recursos los derechos no se estén ejecutando o gozando, porque son derechos políticos, de primera generación, ciudadanos".
"La Constitución señala claramente que las personas privadas de libertad que no están condenadas a penas aflictivas tienen estos derechos y deben gozarlos", apuntó, haciendo un llamado a que "las instituciones públicas tienen el deber de articular todos los medios necesarios para que ese derecho se materialice".
La Carta Magna establece que aquellos que estén cumpliendo condenas de hasta 3 años de cárcel o tengan un proceso abierto y sólo estén en prisión preventiva, mantienen su derecho a sufragio.
Gobierno y Servel descartaron voto de reos
El ministro de Justicia, Jaime Campos, planteó que "lo que yo he dicho es que me temo que para este proceso eleccionario desgraciadamente esas personas no van a poder ejercer su derecho a voto a pesar de que constitucionalmente lo tienen y que espero que a la brevedad posible se modifique la ley sobre el particular y en un próximo proceso electoral voten".
Desde el Servicio Electoral afirmaron que no les corresponde ir a buscar a las personas privadas de libertad y llevarlos hasta los lugares de votación.
El presidente del consejo directivo, Patricio Santamaría, sostuvo que "insistimos en lo que hemos dicho hasta ahora, nosotros como Servicio Electoral no podemos, salvo que haya una reforma legal no podemos, porque no es nuestra facultad, trasladar personas a las mesas de votación ni tampoco instalar mesas de votación al interior de los penales".
