El Ministerio Público cerró este miércoles la investigación penal por presunto tráfico de influencias en contra del senador Manuel José Ossandón, abierta hace poco más de dos años por una denuncia de su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda.
El jefe comunal lo acusó de intervenir en el concejo municipal de Puente Alto cuando Ossandón seguía en ese sillón alcaldicio en octubre de 2017 y ante él mismo, para intentar destrabar un convenio en la municipalidad para favorecer a la Sociedad Explotadora de Áridos Cavilú SpA.
Dicha empresa era administrada por su hijo Nicolás Ossandón Lira en medio de un millonario negocio de extracción de áridos en el Río Maipo, cargo que el parlamentario no habría transparentado en ese entonces.
Según publicó La Tercera, previo a cerrar la causa, el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, reformalizó al senador ayer, y afirmó que en varias ocasiones entre 2017 y 2019, el legislador abonó desde sus cuentas bancarias 32 millones de pesos a su hijo, y Ossandón Lira destinó parte del dinero (16 millones) a Cavilú.
"Cabe hacer presente que en el mismo periodo Nicolás Ossandón aportó a Cavilú SpA la suma total de 53 millones 407 mil 213 pesos, y que este no contaba con ingresos provenientes de actividades económicas formales que justifiquen tales pagos", añadió el persecutor.
Ahora que la indagatoria está cerrada, corresponde que la Fiscalía pida el desafuero de Ossandón -quien tiene la militancia congelada en RN- a la Corte de Apelaciones de San Miguel y presente una acusación en su contra, para lo que cuenta con un plazo de 10 días.
Por otro lado, el Ministerio Público estaría evaluando pedir que se dicte una pena de entre tres años y un día a cinco años de presidio contra el senador, además de que se le inhabilite de cargos públicos por un periodo que sigue indefinido.
"NO HAY MÉRITO PARA LLEVARME A JUICIO"
Una vez terminada la audiencia, el ex alcalde manifestó que "los fiscales solo precisaron algunos antecedentes de la formalización original, lo que a mi juicio vulnera mis derechos", insistiendo que en la causa "no hay ningún cargo nuevo, pues esta investigación adolece de fundamentos".
A pesar del complejo escenario por su eventual desafuero, Ossandón reiteró que confía en que ese proceso "será rechazado, pues no hay mérito alguno para llevarme a juicio, pues soy inocente y lo voy a demostrar".
Por otro lado, al inicio de la cita de ayer, sus abogados Ricardo Freire y Samuel Donoso pidieron una cautela de garantías para intentar impedir su reformalización, argumentando que el plazo de investigación estaría vencido, pues la formalización se dio el 26 de agosto, cuando se dio un plazo de 90 días.
Además, aseguraron que los cinco hechos imputados y sus respectivos antecedentes ya eran parte de la formalización, y que modificarlos hasta podría cambiar la clasificación jurídica, afectando los derechos del senador.
El fiscal Guerra respondió a la defensa que la reformalización fue solicitada al tribunal cuando el plazo aún no estaba vencido, y que ésta debió "reponer" cuando la audiencia fue pedida, y también observó que sus dichos cuestionaban la facultad del Ministerio Público de ejercer su labor.
Finalmente, el Juzgado de Garantía de Puente Alto resolvió dar luz verde a la imputación de cargos, planteando que el proceso no pasa a llevar los derechos de Ossandón.
