El diputado y miembro de la Comisión del Trabajo en la Cámara, Eduardo Durán (RN), se refirió al proyecto -presentado por Renovación Nacional- que tipifica como delito la contratación de migrantes irregulares en Chile y expresó que "el país se aburrió del libertinaje migratorio".
"No queremos más extranjeros irregulares en el país, y por eso hemos presentado un proyecto de ley que castiga a los empleadores que los contraten", sostuvo el parlamentario de Chile Vamos.
"Como parlamentarios no nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a la impericia del Gobierno para frenar el ingreso ilegal, porque el país ya se aburrió del libertinaje migratorio", agregó Durán.
Según explicó RN, la iniciativa busca proteger a los migrantes para que no sean víctimas de trata, tráfico de personas o contrataciones abusivas que no brinden una protección adecuada al trabajador.
En esa línea, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, precisó que "buscamos que la medida ayude a desalentar el ingreso de manera irregular al país, cuestión que parece imposible en la medida de que no se aborde adecuadamente el problema".
La iniciativa contempla penas de presidio menor en su grado mínimo o máximo y multas de 21 a 50 UTM mensuales (entre 1.368.822 y 3.259.100 de pesos), además de lograr la clausura definitiva del establecimiento o local respectivo.
OFICIALISMO: "ES UN PROYECTO QUE VA EN LA LÍNEA CORRECTA"
Diputados oficialistas -y miembros de la Comisión del Trabajo en la Cámara- valoraron la medida y afirmaron que "va en la línea correcta". No obstante, aseguraron que el problema de fondo no son los contratos a personas irregulares, sino que es "combatir la mafia y el crimen organizado".
"Este es un proyecto que va en la línea correcta en la medida en que se aumente la fiscalización de la contratación de migrantes irregulares por parte de empresarios inescrupulosos y no obsta a la sanción de trata de personas que establece la propia normativa", aseguró el diputado socialista Raúl Leiva.
En tanto, el diputado Héctor Ulloa (PPD), enfatizó que "si este proyecto de ley avanza en la línea de desincentivar la migración irregular, de desincentivar el tráfico de migrantes, de desincentivar el abuso laboral de los migrantes, me parece que evidentemente apunta en la línea correcta".
"Pero no hay que olvidar que aquí lo más importante que tenemos que combatir son la mafia organizada y el crimen organizado y, por tanto, debemos sin lugar a duda entrar a analizar sin complejo alguno, junto con la derecha, el tema del alzamiento del secreto bancario", agregó el parlamentario.
Por su parte, desde el Frente Amplio el diputado Andrés Giordano planteó que "es un debate que puede abrirse en la medida que se trate de establecer responsabilidades penales o más gravosas para empleadores que evaden el pago de cotizaciones y que mantienen relaciones laborales informales por usura, lo que, por cierto, afecta a extranjeros y se relaciona con el fenómeno de la migración irregular, pero también afecta a una población chilena importante que, por falta de sanciones que sean efectivas, sufre de esta precarización todos los días".
En caso de que se contrate a una persona extranjera que tenía sus permisos en regla para trabajar en el país y que dicha autorización caduque mientra ejercía sus labores, la iniciativa solo contempla multas para la empresa contratista o el empleador.
