Este martes por la tarde, la Comisión de Seguridad del Senado rechazó cuatro de los 14 vetos presentados por el Gobierno a la Ley de Usurpaciones, que serán revisadas en la Sala mañana miércoles.
En concreto, la instancia desestimó las observaciones formuladas por el Ejecutivo para eliminar la legítima defensa privilegiada, suprimir la flagrancia permanente, bajar el rango de penas -que la ley establece en presidio- a la usurpación sin violencia y eliminar el rango rígido de aplicación de las penas.
Los otros 10 vetos fueron aprobados, incluido el que agrega la disposición que faculta a los jueces a aplicar una multa a quienes sean declarados culpables de usurpaciones no violentas.
En la antesala de la discusión, los parlamentarios de Chile Vamos habían anunciado que como bloque iban a rechazar todas las observaciones que pudieran.
Asimismo, adelantaron que una vez que termine la tramitación del veto en el Congreso, van a presentar otro proyecto para tratar de reponer sus iniciativas que se cayeron.
En la previa, el senador Juan Ignacio Latorre (Revolución Democrática) destacó que durante la discusión "el Ejecutivo ha hecho esfuerzos jurídicos, técnicos y políticos hablando con las distintas bancadas para tener una ley sensata, una ley que sirva".
"Claramente como salió del Congreso puede escalar los conflictos y la violencia, y no ser efectiva en solucionar los problemas que hay que solucionar respecto de las usurpaciones, sobre todo aquellas que implican daño y violencia, donde hay mafias vinculadas con armas, donde han habido asesinatos, intimidación, etcétera", recalcó el senador.
A su vez, el senador y timonel de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, había afirmado que había "algunos planteamientos del veto que no se ajustan a la legalidad, así que estamos evaluando eventualmente recalificar alguno de los vetos presentados por el Gobierno".
"Llegó el momento de aplicar la democracia; nosotros respetamos las reglas del juego, podemos perder o ganar, y por lo tanto se va a votar", señaló el presidente de la comisión, el senador Felipe Kast (Evópoli), quien descartó finalmente la recalificación del tenor de las indicaciones de La Moneda.
A juicio del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS), eventuales recalificaciones podrían generar un conflicto jurídico.
EL POSIBLE ESCENARIO
La Sala del Senado votará el veto mañana, a partir de las 11:30 horas. Si se considera lo ocurrido en la comisión como un anticipo sobre el futuro de las 14 observaciones, con el rechazo de cuatro de éstas, la posterior insistencia del Congreso deberá ser sólo sobre esos aspectos para intentar reponer lo que ya habían aprobado en la ley: en caso de que esa votación final no alcance los dos tercios, habrá ley pero sin esas normas.
En ese marco, el oficialismo necesitaría un tercio de los votos más uno en la insistencia para impedir que aquellos términos cuestionados se mantengan en la ley.
Ante esa eventualidad, el senador Kast, uno de los impulsores originales de la legislación, reprochó que "dado que para poder imponer la voluntad del Congreso se necesitan dos tercios, lo más probable es que el Gobierno logre imponer su voluntad, por lo tanto, será el Gobierno el que tendrá que explicarle al país por qué en Chile, después de su veto, robar en un celular en un supermercado va a tener penas de cárcel, y usurpar una parcela (sin violencia), va a tener solo una multa (si un juez lo estima)".
Asimismo, adelantó que, de darse ese caso, "una vez que se promulgue esta ley, vamos a presentar un nuevo proyecto para que podamos restablecer las penas de cárcel en el caso de las usurpaciones".
En lo inmediato, los senadores de Chile Vamos se mostraron resginados en un punto de prensa. Kasta confirmó que van a rechazar las observaciones que consideran "negativas" y que se sentirán "obligados a aprobar la parte aditiva".
La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá (PPD), pidió esperar los resultados que dé la aplicación de la futura normativa: "Si se valora transversalmente los aportes que va a tener esta nueva legislación, sería bueno ponerla en práctica y evaluar su funcionamiento, y modificarla una vez que vemos cómo está andando".
"Creemos que es bastante amplia la opinión de que esta ley requiere perfeccionamientos y tiene problemas. Sin dudas hemos tomado los resguardos y hecho las evaluaciones. Y creemos que están los votos en caso de una insistencia, (pero) esperaría que no fuera necesario llegar a instancia", apuntó también.
Con todo, enfatizó que "el Ejecutivo tiene la convicción de que esta ley va a ser más efectiva, vamos a tener mejor resultado y va a traer más seguridad con las modificaciones que le aporta este veto".
En defensa del veto, Tohá recordó que "producto del debate que se dio en ambas Cámaras, la discusión fue incorporando una serie de normas que no estaban en los planes iniciales de nadie, ni siquiera de los autores de las mociones, incluso las que venían desde la oposición; y eso derivó en un texto final, que pensamos no sólo nosotros, sino muchos analistas expertos en estas materias, que se adoptó una serie de normas que pueden tener efectos muy perniciosos".
