Se trata de dos indicaciones sustitutivas, una propuesta por Francisco Huenchumilla (DC) y otra por Pedro Araya (Ind.).
Familiares de los detenidos dijeron que seguirán movilizados si la iniciativa es rechazada.
Este martes la Comisión de Constitución del Senado debatirá dos indicaciones sustitutivas orientadas a reemplazar el proyecto de indulto (borra la pena) para los denominados "presos del estallido social" o imputados en indagaciones a contar de los hechos del 18 de octubre de 2019, actualmente en trámite, por una ley de amnistía (borra el delito).
Una de las propuestas es de Francisco Huenchumilla (DC) y la otra de Pedro Araya (Ind.).
La polémica iniciativa, que lleva varios meses estancada, cumplió su plazo para el ingreso de indicaciones al texto original.
Hasta ahora, el texto no concita el respaldo requerido para ser aprobado, principalmente, porque el oficialismo está en contra y parte de la oposición no está totalmente convencida de su factura técnica.
Para hacerlo políticamente viable, la oposición necesita de 22 votos para prosperar en casi la totalidad de sus artículos, excepto dos: los que ostentan rango de Ley Orgánica Constitucional (LOC), es decir, que requieren de 25 apoyos (4/7), con los que no cuentan sus impulsores.
Ante esa dificultad, públicamente expresada, según consigna el diario El Mercurio, las indicaciones sustitutivas de Araya y Huenchumilla vendrían a solucionar la carencia de respaldos expresados en votos, aunque lo harían sólo para una parte de los eventuales beneficiados, los que quedarían bajo el concepto de amnistía propia; vale decir, la que tiene lugar antes del pronunciamiento de una sentencia firme; es decir, previo a la condena, extinguiendo en tal caso la acción penal.
Se ha indicado que en esa situación estarían 144 personas que llevan entre seis meses y dos años en prisión preventiva por hechos relacionados a las manifestaciones de 2019, según un reciente informe del Senado con datos de Gendarmería.
Pero repondrían la dificultad de requerir 4/7 en el caso de la amnistía impropia, aquella que se dicta con posterioridad al pronunciamiento de una condena, extinguiendo la pena. En esa hipótesis, debería ser un juez de garantía, señala la propuesta de Araya, el que tendría que revisar el caso, lo que conlleva otorgar una nueva facultad a tribunales, la que corresponde a una LOC.
Por el contrario, sobre el indulto pesa la crítica a su contenido técnico, porque en el sentido inverso beneficiaría preferentemente a quienes están condenados, los que son menos, según el mismo informe, que los cifra en 67.
Huenchumilla aseguró que "he simplificado jurídicamente el proyecto de tal manera que no requiera quorum de ley orgánica y en consecuencia con el articulado se requerirían solamente 22 senadores para su aprobación. Esta indicación y su fundamento lo estoy conversando con los senadores de la Comisión de Constitución y también con los senadores de mi bancada, de la Democracia Cristiana, y los senadores de oposición, para que en conjunto con el resto de las indicaciones presentadas podamos buscar un consenso y podamos despacharlo en el transcurso de esta semana".
Durante la semana pasada, el diputado Giorgio Jackson (RD), integrante del equipo del Presidente electo, Gabriel Boric, se reunió con la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, oportunidad en la que se comprometió a retirar las querellas por Ley de Seguridad del Estado.
El abogado Jaime Fuentes manifestó que en caso de un rechazo de la iniciativa, buscarán otras alternativas para pedir la libertad de los detenidos, indicando que "nosotros hemos mencionado en reiteradas ocasiones que si la ley no se llegase a aprobar y se rechaza en la comisión, que esperemos no sea así, o se rechaza en la Sala, nosotros vamos a seguir estando movilizados y vamos a tener que apuntar a otras medidas u otras posibles soluciones para la libertad de los presos políticos".
