Después de 12 días de conversaciones entre legisladores de oposición, la mesa del Senado presentó formalmente a La Moneda su propuesta de mínimos comunes para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia, cuyo centro es una renta básica universal de emergencia que implica un costo mensual en torno a 3.600 millones de dólares.
Este monto se traduce en un ingreso de 605 mil pesos para una familia de cuatro integrantes, y de 224 mil pesos en el caso de un hogar unipersonal, pagos que el Estado realizaría hasta el mes de septiembre, según pide la centroizquierda.
Como se adelantó, la propuesta también incorpora otras medidas relativas a transferencias para las pymes desde un fondo de 3 mil millones de dólares, el triple de lo que planteaba el Ejecutivo.
Sobre lo que está por venir de parte del Gobierno, el vicepresidente de la Corporación, Jorge Pizarro (DC), anticipó que "nos pusimos de acuerdo en que, apenas se pueda tener esa propuesta en concreto, ellos (La Moneda) tienen que traducirla en proyectos de ley que tienen que ser ingresados a la Cámara (Baja) o al Senado dependiendo de dónde corresponda tratarlos".
"Mientras más rápido sea, más posibilidades tenemos de un acuerdo rápido, y que permita que los ingresos lleguen a las familias y a la pequeña empresa", destacó.
Uno de los más escépticos de estas negociaciones ha sido el senador socialista Carlos Montes, quien en esta jornada insistió en que "no basta con la línea de pobreza -que son 125 mil pesos- dados los problemas acumulados".
"¿Es posible que esto sea un piso general para la sociedad? No, sabemos que no estamos en condiciones, pero tenemos recursos para esta emergencia", añadió.
Los senadores de oposición conversaron con Hacienda, instancia que fue más bien informativa y sin respuesta aún del Ejecutivo, que debe analizar la propuesta.
HACIENDA ASEGURA QUE REVISARÁ "LAS PROPUESTAS DE TODOS LOS ACTORES"
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, remarcó que el Gobierno se dedicará a analizar estos números, e incluso recibirá insumos de parte de los equipos técnicos que formularon la propuesta de la centroizquierda.
"Es tal la preocupación del Gobierno por tener buenas ayudas sociales, que de hecho eso es lo que ocurre hoy día con el Ingreso Familiar de Emergencia, que es prácticamente universal: estamos llegando a 13 millones de personas con 100 mil pesos por integrante", recordó.
Por lo mismo, el secretario de Estado reafirmó que el Ejecutivo "está dispuesto a revisar lo que haya que revisar, y eso es lo que vamos a hacer en los siguientes días, pero es importante también revisar las propuestas de todos los actores, y eso incluye la propuesta de Chile Vamos".
En esa línea, Cerda y los demás ministros del comité político han tenido reuniones con los parlamentarios oficialistas esta tarde, aunque ellos prevén que su planteamiento formal demore uno o más días en llegar a manos de La Moneda.
También se ve complejo que exista una respuesta formal desde el Ejecutivo a cualquiera de los sectores esta semana, por lo que los eventuales proyectos de ley serían dados a conocer después de las elecciones.
Asimismo, en el Gobierno apuntan que no hay apuro para presentar las iniciativas en lo inmediato ya que aún está en proceso el IFE de mayo.
OFICIALISMO PIDE FLEXIBILIDAD EN DEBATES
Mientras tanto, Chile Vamos alista su propio planteamiento, en el que preliminarmente tiene la intención de una renta que llegue a la línea de la pobreza, que es de 464.000 pesos en hogares de cuatro personas, cifra lejana, de todos modos, a lo propuesto por la oposición, que ven sorprendente y fuera de los márgenes.
En ese marco, el diputado Juan Coloma (UDI) criticó que "la oposición aumentó casi un 50% la propuesta que ellos mismos habían hecho hace un par de semanas, por lo mismo, yo espero que, entendiendo que es su propuesta inicial, estemos disponibles a alcanzar un acuerdo".
"Si ellos o nosotros se enamora de su idea y no somos capaces de ceder, va a complejizar un acuerdo", advirtió.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, Diego Paulsen (RN), anticipó parte de su propuesta, remarcando que "tenemos un imperativo ético de asegurar a las familias chilenas un ingreso digno que vaya en torno a la línea de la pobreza y hacia el 100% del Registro Social de Hogares, pero además, tan importantes como las familias son las pequeñas y medianas empresas".
"Es por eso que queremos otorgar un subsidio directo a todas las que tengan ventas inferiores a 5.000 UF, con un bono directo de mínimo un millón de pesos, y hasta un total de tres meses promedio del IVA obtenido pagado el 2019", planteó.
