El Senado aprobó con unanimidad el informe de la comisión mixta y la iniciativa, muy diferente a la original, quedó lista para ser ley.
Se ratificó que no habrá rebaja transitoria del 50%: delegó al Consejo de Alta Dirección Pública la responsabilidad de definirla.
Tras seis años de tramitación, y con sustanciales cambios a la iniciativa original, el Congreso despachó este miércoles el proyecto de reforma constitucional sobre la dieta parlamentaria, que finalmente delega la regulación del monto, tanto en cuanto a una modificación transitoria como definitiva, a órganos externos.
El texto final también incluye a los sueldos de altas autoridades estatales, como del Ejecutivo, tal cual se resolvió durante el debate de los últimos meses.
En su último paso en el Congreso, el Senado aprobó, con unanimidad, el informe de la comisión mixta, que a su vez es muy similar a cómo había quedado el proyecto con las modificaciones que introdujo, en segundo trámite, la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que provocó discrepancias con los diputados y que obligó a llevarlo a la instancia conjunta.
Después de 6 años se despacha el proyecto que pretendía rebajar automáticamente la dieta parlamentaria. La decisión quedó en manos de 2 organismos externos al Congreso.
— Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) May 13, 2020
El Senado aprobó en forma unánime el informe de la comisión mixta.@Cooperativa
De esa forma, se ratificó que no habrá rebaja automática y transitoria del 50 por ciento en la dieta -que había sido aprobada en primer trámite por los diputados-, sino que esa definición quedó delegada al Consejo de Alta Dirección Pública, que tendrá un plazo de 30 días, una vez publicada la ley, para resolverla respecto de diputados, senadores y ministros.
Asimismo, de 60 a 90 días para una eventual reducción de sueldo del resto de las autoridades, como el Presidente de la República, los gobernadores regionales, los funcionarios de exclusiva confianza del Jefe del Estado y los contratados sobre la base de honorarios que asesoren directamente a las autoridades gubernativas.
Eso regirá hasta que entre el vigor el sistema permanente, que plantea una designación cuatrianual determinada por una comisión especial integrada por cinco personas: un ex ministro de Hacienda, un ex consejero del Banco Central, un ex contralor, un ex presidente de la Cámara o del Senado y un ex director del Servicio Civil); designados por el Presidente de la República con acuerdo de los dos tercios de los senadores en ejercicio.
Esta comisión deberá definir las remuneraciones cada cuatro años con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un período presidencial, por una comisión cuyo funcionamiento, organización, funciones y atribuciones establecerá una ley orgánica constitucional.
Así las cosas, una vez que sea revisada por el Tribunal Constitucional, la iniciativa quedará en condiciones de ser promulgada como ley.
