Parlamentarios ya acordaron la pérdida del escaño.
"El acuerdo es que no puede haber impunidad", indicó Ignacio Walker (DC).
La instancia ratificó una norma que establece que los candidatos deberán llevar un registro de ellos.
La Comisión de Probidad y Transparencia del Senado definirá este martes las sanciones que se impondrán a quienes infrinjan la ley sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, más conocida como ley de financiamiento de la política.
Además de la pérdida del escaño a quienes hayan sido electos vulnerando las normas vigentes, la instancia está evaluando si establece penas de cárcel y multas.
"El acuerdo es que no puede haber impunidad. En lo extremo, cuando hay infracción grave a las normas sobre gasto electoral, acordamos pérdida del escaño", indicó el senador Ignacio Walker (DC).
El parlamentario añadió que "las discusiones son más bien en el caso que haya un ilícito, por ejemplo si alguien le dio un aporte de un 50 por ciento más de lo que corresponde, queremos ver si eso conlleva pena privativa de libertad o pena de multa (...) hay que graduar y en eso estamos".
Mientras que el senador Víctor Pérez Varela (UDI) señaló que "le hemos pedido al Gobierno que establezca una gradualidad, pero que ojalá mantenga para quien transgrede de manera dolosa y grave el financiamiento electoral como por ejemplo lograr aportes de una persona jurídica que está prohibido o que supere en un 50 por ciento los límites de campaña, que tenga una multa disuasiva y eventualmente pueda ser cesado en su cargo".
En anteriores jornadas, la instancia ratificó una norma que establece que los candidatos deberán llevar un registro de ellos, de sus sedes y de los vehículos que utilicen en sus campañas.
También se aprobó una disposición relativa al procedimiento que se deberá seguir en caso de detectarse propaganda electoral ilegal. En tal sentido, Carabineros deberá denunciar al Servicio Electoral (Servel) dichas infracciones, lo que no obsta que cualquier persona pueda formular una denuncia por lo mismo.
Además, se aprobó una normativa que prohíbe a los funcionarios públicos usar bases de datos a los que tengan acceso en virtud de su cargo para fines electorales.
