El Ejecutivo determinó acelerar al máximo el trámite de la iniciativa que busca hacer público los bienes de los funcionarios públicos relevantes, que además incluirá a directores de empresas.
La Moneda decidió enviar al Congreso Nacional el proyecto de ley sobre declaración pública de patrimonio con carácter de discusión inmediata, es decir, con un plazo de un día para la comisión mixta y de uno para cada cámara del Parlamento.
Según explicó el vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, el Ejecutivo acogió la indicación de los diputados Jorge Burgos (DC) y Carlos Montes (PS), en orden a que la declaración de bienes también sea obligatoria para los directores de empresas que manejan fondos fiscales.
"Hay un piso político mayor pues la derecha, que sistemáticamente se ha negado a legislar sobre este tema, hoy está apoyándolo", señaló Puccio, quien también expresó que la administración del Presidente Ricardo Lagos está dispuesta a estudiar la regulación de la participación de familiares de autoridades en licitaciones públicas, aunque sin especificar qué grado de parentezco.
La Moneda respondió así a la "campaña orquestada" de la Unión Demócrata Independiente (UDI), que ha denunciado que la empresa consultora Gescam ha logrado numerosos contratos con el Estado, a pesar de que dos de sus socios son Hernán Durán, cuñado de Lagos, y Hernán Sandoval, embajador de Chile en Francia y amigo personal del Mandatario.
Según el gremialismo, la sola relación de ambos socios con Ricardo Lagos pone, al menos, dudas sobre la calidad ética de los contratos.
El ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, explicó que se reunirá con los ministros del área política y con los presidentes de los partidos de la Concertación, porque "el Gobierno no legisla de la noche a la mañana, sobre la base de situaciones puntuales y con situaciones con nombre y apellido"
"Estamos con la disposición de mejorar y perfeccionar todos los instrumentos necesarios para hacer más transparente este país", agregó.
En tanto, la candidata presidencial del conglomerado de Gobierno, Michelle Bachelet, se mostró dispuesta a apoyar esta idea legislativa, siempre que incluya a todas las autoridades, en referencia a los parlamentarios.
Además, reiteró que considera que no hay ningún reparo ético que hacer a la postulación de ciudadanos a licitaciones públicas, aunque tengan relaciones afectivas con autoridades, porque deben someterse a las mismas normas que el resto de las personas.
