El diputado independiente Gabriel Boric se sumó este lunes a las voces que, desde el Parlamento y el mundo social, exigen la derogación de la Ley de Pesca, aprobada por el Congreso en diciembre de 2012, bajo el Gobierno de Sebastián Piñera.
La idea ha tomado fuerza durante los últimos 10 días, tras conocerse la investigación de la Fiscalía al senador de la UDI Jaime Orpis, quien recibió al menos 50 millones de pesos de Corpesca de forma irregular entre los años 2010 y 2013, periodo que coincide con la tramitación de la también llamada "Ley Longueira", en alusión al ministro de Economía que logró su despacho.
Este antecedente se suma a la investigación conocida desde 2013 sobre la ex diputada independiente Marta Isasi, quien recibió 25 millones de pesos de la misma empresa a través de su asesor Giorgio Carrillo.
"Yo firmé y soy partidario -lo he conversado con muchos sindicatos de pescadores artesanales- de que la Ley Longueira tiene que derogarse", dijo Boric esta mañana a El Diario de Cooperativa.
"Es una ley que fue claramente tramitada bajo la influencia de empresas que utilizaron sus recursos para comprar la defensa de sus intereses. Ellos invierten y cuidan sus intereses mediante los aportes a ciertos parlamentarios. Eso es inaceptable y yo creo que pone en cuestionamiento la Ley Longueira totalmente", afirmó.
No al "borrón y cuenta nueva"
El ex líder estudiantil calificó, en esa línea, como "preocupantes" las declaraciones del presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien celebró la "valentía" de Jaime Orpis al haber reconocido públicamente que tuvo "financiamiento irregular" de su campaña, y llamó a toda la clase política a hacer lo mismo y "pedir perdón".
"(Larraín) termina diciendo que todo el sistema político tiene que aceptar que hubo un financiamiento irregular. Desde mi punto de vista, eso abre lugar a una posibilidad de borrón y cuenta nueva", acusó Boric.
"Acá no todos infringimos la ley, no todos anduvimos pidiéndole plata a las empresas, no todos recibimos dinero para pagar las deudas porque hicimos campañas millonarias. Por lo tanto, me parece que esto tiene que ser sancionado de la manera más drástica posible para que no vuelva a suceder", finalizó el líder del movimiento Izquierda Autónoma.
Indemnización
El diputado comunista por Iquique Hugo Gutiérrez planteó ya la semana pasada la necesidad de anular la Ley de Pesca.
En la víspera reiteró la necesidad de dejar sin efecto la normativa, e indicó que, a su entender, "el camino es a través de una derogación".
Sin embargo, esto "implica pagarle una suma cuantiosa, que más o menos se ha cuantificado en unos 7.000 millones de dólares", de indemnización a los industriales que se verían perjudicados por la pérdida de las cuotas ya asignadas, alertó.
Gutiérrez comentó también con desconfianza a la "confesión de Orpis", señalando que ésta "debería prestarla en el Ministerio Público".
En su opinión, "esto lo hace para seguir resguardando los intereses de Corpesca y de estos industriales pesqueros".
A la Comisión de Ética
Al reconocimiento del senador gremialista se refirió también el presidente de la Cámara Alta, Patricio Walker, quien adelantó que su colega por Arica y Parinacota deberá enfrentar a la Comisión de Ética.
"En eso somos muy claros, lo hemos dicho con el presidente de la Cámara de Diputados (Marco Antonio Núñez, PPD): cuando hay una crisis de confianza y credibilidad tan profunda, la única forma de poder recuperar esa confianza es con transparencia y, por supuesto, las comisiones de ética tendrán que revisar los casos que se han producido.Esperamos estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de nosotros", señaló Walker.
