Este martes fue discretamente promulgada, sin realizarse un acto en el Palacio de La Moneda por parte del Gobierno, la ley que "modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción", y eleva las sanciones para los delitos de soborno y cohecho.
Cabe recordar que entre quienes originaron este proyecto en moción parlamentaria se encuentran dos ministros de Estado, los ex senadores Alberto Espina (RN, Defensa) y Hernán Larraín (UDI, Justicia), además de los actuales parlamentarios Pedro Araya, Alfonso de Urresti y Felipe Harboe (ver archivo adjunto).
"Me hubiera gustado una promulgación simbólica"
Sobre la discreción de La Moneda en torno a esta ley, el senador De Urresti (PS) expresó que "a uno le hubiera gustado que esta ley tuviera una promulgación en La Moneda o en un lugar simbólico".
"El Gobierno está concentrado en salir de este gran problema que se le ha planteado pero eso no opta a que dé una señal en que no hay que ser mezquino y todos los sectores colaboraron desde el punto de vista de sanciones a este tipo de ilícito y con esta ley hay más herramientas para delitos de sobornos y cohechos", añadió.
En tanto, el senador Felipe Harboe (PPD) afirmó que "puede ocurrir, evidentemente van haber sanciones que llegan hasta los 15 ó 20 años y, por tanto, en ese instante inmediatamente se establece una pena privativa de libertad".
"Ahora esto siempre está sujeto como todo tipo de delito a la regla de determinación de las penas que hacen los jueces, eso es natural. La diferencia natural está en que las penas que estaban vigentes hasta ayer en Chile no admitían, en la práctica, una sanción de cárcel", remarcó uno de los autores de la iniciativa.
Principales medidas de la nueva ley
Esta iniciativa aumenta las penas a delitos funcionarios como la malversación, el fraude al Fisco, la negociación incompatible, el cohecho nacional y transnacional, entre otros; incorpora nuevos delitos al Código Penal, como la corrupción entre privados y la administración desleal.
Además, crea la figura de cooperación eficaz como atenuante de responsabilidad penal, con lo que se busca incentivar las denuncias para mejorar la investigación de los delitos cometidos por funcionarios públicos.
En este punto, a juicio del doctor en derecho penal y académico de la Universidad de Los Andes Gonzalo García, no es del todo claro que las penas de cárcel se vayan a hacer efectivas, cuando la "cooperación eficaz" busca, precisamente, evitar la privación de libertad.
También en este cuerpo legal se amplía la responsabilidad penal de las empresas, se establece una nueva normativa de prescripción y contempla la figura de cohecho agravado cuando quien cometiere el delito sea una alta autoridad.
Finalmente, incorpora cargos por cohecho sin prestación, es decir, que para que se configure el delito, a diferencia de lo establecido actualmente, no es necesario comprobar una contraprestación como consecuencia del pago recibido por el funcionario público.