Senador UDI reconoció "financiamiento irregular", pero negó cohecho

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Autor: Cooperativa.cl

Jaime Orpis es investigado por los millonarios pagos que recibió de Corpesca mientras se tramitaba la "Ley Longueira".

"No he cometido ningún delito ni me he enriquecido con la política", aseveró.

Senador UDI reconoció
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Orpis emplazó a la Justicia a tener "un trato equivalente con todos" y "no discriminar a nadie por su posición política".

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El senador de la UDI Jaime Orpis reconoció que los millonarios pagos que recibió de la empresa Corpesca corresponden a un "financiamiento irregular" de su campaña, pero negó haber cometido cohecho para defender "intereses indebidos de la industria" durante la tramitación de la Ley de Pesca.

Tras 10 días de silencio luego de que conocerse que es investigado por la Fiscalía, el parlamentario envió una declaración al diario El Mercurio, en la que admitió "errores", pero descartó delitos.

"Éstos han sido días muy duros. Me he refugiado en el silencio y la reflexión, porque siento que estos hechos afectan no sólo mi vida como parlamentario y como persona, sino también pueden vulnerar lo que ha sido la lucha de toda mi vida: la rehabilitación de personas de escasos recursos afectadas por la droga", comienza el texto que envió el senador al matutino.

"Reconozco que solicité apoyo para el financiamiento de campañas políticas y desmiento categóricamente que ello haya influido en la manera en que he votado o actuado en mi vida parlamentaria", aseveró Orpis, que está en el Congreso desde el retorno a la democracia, en 1990, y próximamente tendrá que prestar declaración ante la Fiscalía.

"Se han dicho muchas falsedades y, probablemente, vendrán más. La mayor y más alejada de la realidad es que defendí intereses indebidos de la industria pesquera. Mi participación en la Ley de Pesca fue la misma que tuvo la inmensa mayoría del Parlamento, de todos los sectores políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado; en que honestamente vimos en esta ley mejores condiciones para el país y, en mi caso, especialmente para la zona norte", afirmó.

"Defenderé mi honra"

"En esta investigación haré lo que me dicta mi conciencia: actuar con la verdad, reconocer lo que sea cierto y refutar lo que sea mentira (...) Defenderé mi honra para que quede absolutamente claro que mis decisiones en materia legislativa siempre las he tomado con la más absoluta libertad de conciencia e independencia", dice Orpis en otro de los párrafos del escrito.

"No me he enriquecido con la política, sino que al revés: han sido más los costos que los beneficios, que aún estoy pagando", continuó el dirigente gremialista, quien aseveró que los "errores" que ha cometido los asumirá "de frente, con dignidad y con la fuerza que espero me dé Dios, y sobre todas cosas, con la total convicción de que no he cometido ningún delito".

"¿Cuál es el problema de fondo? Que la política y el servicio público necesitan financiamiento, y quienes no tenemos dinero personal para ello debemos pedirlo para cubrir ese nivel de gasto; que en mi caso personal, como senador de dos regiones, no sólo abarca mi campaña, sino que los procesos eleccionarios que allí vivimos los últimos seis años", argumentó.

En Chile "se generalizó una manera irregular de financiamiento, de la que lamentablemente no pudimos abstraernos. Eso ha generado un problema que, como sociedad, no hemos sabido resolver. Decir otra cosa no es sólo una mentira, sino una enorme hipocresía", planteó Orpis, que emplazó finalmente a la Justicia a tener "un trato equivalente con todos" y "no discriminar a nadie por posición política".

Los antecedentes

Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca, admitió el 20 de mayo ante la Fiscalía que la empresa entregó dos millones de pesos mensuales entre 2010 y 2013 a Orpis a través de boletas falsas de sus asesores Lorena Lara, Carolina Gazitúa y Daniel Ortega, quienes no prestaron ningún servicio a la compañía.

El periodo coincide con la tramitación de la Ley de Pesca, lo que, sumado al caso de la ex diputada Marta Isasi, ha llevado a sectores sociales y políticos a exigir una revisión -o incluso una derogación- de la normativa, también conocida como "Ley Longueira".

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