Un bloque transversal de parlamentarios que incluye a la UDI, Renovación Nacional (RN), Evópoli, el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA) presentó un proyecto de reforma constitucional para endurecer los requisitos de las acusaciones constitucionales en Chile.
El objetivo primordial es devolverle su carácter de "herramienta de última instancia" y evitar la banalización de este mecanismo fiscalizador que posee el Congreso.
La propuesta surge como respuesta al incremento exponencial de estos procesos durante las administraciones de los presidentes Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Según los impulsores, el sistema actual permite que grupos minoritarios interrumpan la agenda legislativa con costos políticos mínimos.
La reforma busca asegurar que las causales de infracción a la ley sean "evidentes y comprobables" para evitar procesos infructuosos. (FOTO: ATON)
Nuevas exigencias: subir de 10 a 20 las firmas requeridas
La reforma plantea tres cambios operacionales críticos: duplicar el patrocinio inicial de 10 a 20 diputados, exigir una interpelación previa obligatoria para ministros de Estado y requerir que la admisibilidad sea aprobada por la mayoría absoluta de los parlamentarios en ejercicio.
"La acusación constitucional se ha transformado en una herramienta que secuestra el debate político por parte de grupos menores. Bastan hoy 10 firmas, (por lo que) tiene muy bajo costo político y permite una irresponsabilidad política enorme, dado que no se paga costo ciudadano ninguno", advirtió el senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.
Según advirtió el legislador, esta problemática "no distingue sector político; se da tanto en sectores de derecha como en sectores de izquierda".
Parlamentarios denuncian que la herramienta ha sido utilizada como una "acción vengativa" que degrada el debate político. (FOTO: ATON)
Mientras que el diputado Diego Schalper (RN) hizo un llamado a la estabilidad, señalando que, frente al clima político actual, lo que corresponde es "construir soluciones que le permitan al país recuperar su estabilidad", especialmente en momentos donde se discuten libelos como el presentado contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
Estabilidad institucional vs. fiscalización
Desde la oposición, la visión coincide en que el tiempo legislativo debe optimizarse. La diputada Gael Yeomans (FA) subrayó que "es necesario poder actualizar nuestras herramientas de fiscalización, que siguen siendo parte de las facultades que tienen los parlamentarios".
De todas maneras, dio cuenta que "esa facultad necesitamos ejercerla con la responsabilidad primero social y en las personas, porque ese tiempo que estamos destinando a revisar estas acusaciones constitucionales, que luego no llegan a ningún puerto, podríamos haberlo destinado a las necesidades que tiene la sociedad".
Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro afirmó que "las acusaciones constitucionales se han degradado".
"Se ha producido una acción vengativa de carácter político contra autoridades que la mayoría de las veces ha terminado siendo infructuosa porque no logró mayorías y fue presa de sectores minoritarios", explicó el parlamentario del PS.
