Así lo destacó el timonel del organismo, Juan Ignacio Piña, en Cooperativa.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, conversó con Lo Que Queda del Día.
El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, aseguró que el organismo decidió querellarse contra el senador UDI Jaime Orpis pues tiene la convicción de que incurrió en los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos.
Piña explicó que cuando el Consejo de Defensa "decide intervenir en una causa, no interviene como cualquier parroquiano que presenta una querella, sino que detrás de eso hay un cierto contenido, hay una cierta toma de postura por parte de un órgano especializado en el Estado en perseguir estas responsabilidades y, desde esa perspectiva, somos conscientes de que la decisión que toma el Consejo no es neutra, no es trivial, y desde esa perspectiva somos muy responsables".
"Si hacemos la declaración muy fuerte de que tenemos todos los antecedentes necesarios para llegar a la convicción de que aquí se ha cometido un delito", enfatizó en conversación con Lo Que Queda del Día.
"De hecho esta es una decisión. El Consejo es un órgano colegiado que está integrado por 12 consejeros – en esta caso estamos con 11 porque tenemos un cargo todavía por nombrar desde la jubilación de don Alvaro Quintanilla- y estas son causas en que la decisión de intervenir por parte del Consejo no la toma la estructura ordinaria de comités, en los que nosotros funcionamos especializadamente, sino que la propuesta del comité es una resolución que se resuelve por el consejo pleno", detalló el timonel del CDE.
"En esta oportunidad, es el Consejo pleno el que, con los antecedentes a la mano, ha llegado a la convicción de aquí se han cometido delitos y hay que perseguirlos", sostuvo el abogado.
El actuar respecto de la "colusión del papel"
Respecto de una acción del Consejo de Defensa del Estado ante los casos de colusión entre CMPC y SCA Chile (Ex PISA), Piña señaló que "existe un proceso, que nosotros estamos mirando muy atentamente, siempre atendiendo cuáles son nuestras propias atribuciones y cuáles son ahí dónde no podemos entrar y son otros los órganos competentes".
"En este momento, esto se está llevando, por una parte, en una cierta dimensión de carácter punitivo, es decir una cuestión penal, donde las competencias del Consejo no están para nada claras. Insisto, nosotros tenemos legitimidad activa para intervenir en aquellas causas en que intervienen funcionarios públicos y cometen delitos en el ejercicio de sus cargos o cuando de esos delitos se emanan delitos patrimoniales para el Fisco. Yo no podría afirmar previamente que eso es aquí lo que ha pasado, sino sería irresponsable, cuando tenemos antecedentes que han salido hace muy poco a la prensa", explicó el jurista.
"La existencia o no de un perjuicio para el Fisco es una cuestión de carácter técnico que alguien nos habrá de contar. Nosotros no tenemos las competencias técnicas ni para afirmar ni para cuantificar cuál es el eventual perjuicio para el Fisco", dijo Piña.
El presidente del CDE destacó que estas pericias podrán ser solicitadas por las partes durante la investigación – o por el CDE si nadie lo pide- esto a fin de indagar el impacto de esta concertación de precios para el Fisco.
