A través de una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, los diputados de la UDI Jorge Alessandri y Juan Antonio Coloma, con el respaldo del jefe de bancada, Javier Macaya, pidieron remover a Javiera Blanco de su cargo en el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Según informa el diario La Tercera, la misiva detalla una serie de cuestionamientos de los que ha sido objeto la abogada y ex ministra de Justicia y que, en opinión de los parlamentarios, podrían derivar en faltas a la probidad y, así, en causal para que el Mandatario solicite al Senado su remoción.
De acuerdo al artículo 12 de la Ley Orgánica del CDE, los 12 abogados que componen la instancia son inamovibles de sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad. Sin embargo, establece que, a solicitud del Presidente de la República, podrán ser removidos con acuerdo del Senado.
Los legisladores centraron sus cuestionamientos en el rol que tuvo Blanco como secretaria de Estado en el Gobierno de Michelle Bachelet, donde -sostienen- demostró una "penosa y lamentable actuación", consigna el rotativo.
En particular, detallan que como ministra promovió en Gendarmería a personas "solo por su pensamiento o militancia política", lo que, según aseguran, "constituye una abierta transgresión al principio de probidad administrativa que regla el actuar de los funcionarios públicos".
Asimismo, los diputados gremialistas cuestionan la gestión de la ex ministra como autoridad jerárquica del Sename, donde ha habido "flagrantes violaciones a los derechos humanos, propiciadas por el maltrato a nuestros niños y niñas, y en casos más graves incluso la muerte de ellos".
Y citando la investigación que lidera el fiscal Marcos Emilfork por presunto fraude al Fisco en el Ministerio de Justicia, al detectarse una serie de irregularidades en el programa de Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y Mejoramiento Continuo (Ascar), la carta remarcó que el propio CDE evalúa la inhabilitación de Blanco.
Los parlamentarios enviarán otra carta a la presidenta del CDE, María Eugenia Manaud, para pedir que la consejera sea suspendida de sus funciones mientras se desarrolla la investigación del fiscal Emilfork, concluye La Tercera.
