El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, alertó que algunas de las reformas constitucionales que plantea el Ejecutivo en su agenda de seguridad debilitan la institucionalidad del país, por lo que, "en las condiciones actuales", el partido "no puede apoyarlas".
En una entrevista con La Tercera, el líder gremialista expresó: "No conocemos el texto, pero lo que se ha dado a conocer por distintos medios de comunicación es una reforma que hoy día nosotros no podríamos apoyar".
"La razón es que estamos poniendo en la Constitución excepciones a principios generales que, al final, debilitan la Constitución", sostuvo.
"El problema está en establecer excepciones a la regla general en la Constitución cuando esos son temas de la Ley Orgánica Constitucional. Por ejemplo, en el nuevo artículo 9 bis que se propone, o en el inciso adicional en el 19 número 2, se establece que no se entenderá como arbitrario los distintos regímenes carcelarios que puedan decretarse para los miembros del crimen organizado", explicó Ramírez.
"Si tú pones eso en la Constitución, lo que estás haciendo es establecer un criterio que es legal en ella y que la transforma en un elemento extremadamente vulnerable", advirtió.
"Tenemos que establecer estas normas en la legislación"
"Por ejemplo, si hoy día nosotros decimos que no se considerará arbitrario los distintos regímenes penitenciarios, ¿qué impediría que el día de mañana la izquierda dijera en la Constitución que no se considerará expropiación y nacionalización de los fondos de pensiones?", fundamentó el timonel UDI.
Por consiguiente, "lo que nosotros tenemos que hacer es establecer estas normas en la ley y argumentar de buena forma por qué no son inconstitucionales, y si es que finalmente esto se da al TC, hay que ganarlo en el TC", llamó.
"Las sanciones por conductas o delitos están siempre establecidas en la ley. Entonces, no es argumento suficiente el tener la razón para debilitar la Constitución. Nosotros, en vez de debilitarla, deberíamos fortalecerla", dijo.
"Es legítimo intentar cambiar la Constitución, pero con normas o principios que sean propiamente constitucionales. Establecer en la Constitución excepciones que son legales o normas que son de índole legal, al final, insisto, terminan por transformar a la Constitución no en la norma suprema que genera estabilidad, sino en una norma como cualquier otra que puede ser cambiada gobierno a gobierno. Y por eso tenemos que fortalecerla volviendo a subir los quórums a como era antes", remató el líder UDI.
Los puntos de acuerdo: Estado de excepción y restringir derechos a condenados
Por otro lado, Ramírez se mostró de acuerdo con establecer un nuevo estado de excepción, ya que "eso se hace en la Constitución y, por lo tanto, no existe objeción"; y "la discusión acerca de las facultades que puedan tener las distintas instituciones del Estado tampoco representa un problema", afirmó, en referencia a eventuales atribuciones de Carabineros sobre las Fuerzas Armadas.
También expresó concordar con "la idea de fondo" de restringir prestaciones sociales, de salud y educación a condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, aunque entiende que "se está intentando modificar la Constitución para (posibilitar ello e) intentar evitar lo que ocurrió con Escuelas Protegidas y el TC".
Sin embargo, "no podemos establecer esas excepciones que son de carácter legal en la Constitución solo porque temamos que el TC lo declare inconstitucional. Además, es una hiperconstitucionalización tan típica en Latinoamérica y tan típica del primer proceso constituyente en Chile que nosotros (la UDI) rechazamos", manifestó.
Moreira: Es solo un borrador, no generemos polémicas cuando no conocemos el detalle
Por otro lado, el senador Iván Moreira (UDI) instó al oficialismo a no generar polémicas cuando la propuesta de seguridad se puede mejorar.
"Un borrador es solo un borrador. No generemos una polémica cuando no conocemos el detalle de la reforma. Las cosas se pueden revisar, mejorar, implementar. Entonces no generemos, sobre todo en el oficialismo, una situación de esta naturaleza, porque nos hacen ver muy mal ante la comunidad", aseveró.
La diputada Ximena Ossandón (RN) fue un poco más dura y reparó en que "el Gobierno, después de todas las opiniones que han surgido, tiene que tener una cuota de realismo político si quiere que estas propuestas terminen avanzando. Lo que tengo súper claro es que a la Constitución hay que cuidarla como hueso santo y, si hay que hacerle cambios, tiene que ser los menos posibles".
En tanto, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, indicó que desde su sector creen que "primero hay que cuidar a la gente buena y después a la gente mala".
"La gente buena es la que se está muriendo, esperando por ser atendida y nosotros queremos concurrir a ellos primero. Y los malos, que se atiendan solitos", puntualizó.
Desde la oposición, la diputada Tatiana Urrutia (FA) hizo hincapié en que "la reforma busca debilitar la igualdad ante la ley en un país que ya es profundamente desigual y le entrega más poder al Presidente en un sistema que ya es hiperpresidencialista".
"No sabemos si Republicanos quiere abrir un nuevo proceso constituyente para impulsar leyes que hoy desbordan la Constitución o si simplemente buscan distraer al país de los recortes", planteó.
En una línea similar, el exministro del Interior Álvaro Elizalde apuntó que el proyecto "pretende finalmente que no se aplique el marco constitucional por una norma establecida en la propia Constitución".
"Pongámonos en una hipótesis concreta: un interno que es agredido dentro de un establecimiento penal, ¿no va a recibir prestaciones médicas de Gendarmería? La pregunta es: ¿por ser financiado con recursos públicos no se va a poder otorgar esa prestación? Y esto va a estar vigente hasta 15 años después de cumplida la condena. ¿Qué pasa en el caso de una persona que se ha rehabilitado?", sostuvo.
Cuestionamientos constitucionales
Por su parte, el abogado constitucionalista Tomás Jordán advirtió que "lo más grave tiene que ver con la abrogación o eliminación de derechos de las personas privadas de libertad pertenecientes al crimen organizado".
"El punto está en que a esas personas no se les puede privar de aquellos derechos que les son consustanciales. En particular la salud, que daba a entender que una persona que se enferme no va a ser atendida en el sistema público si tú no tienes dinero se le cataloga como indigente", cuestionó el jurista.
Según advirtió, "esto sería un paso anterior, ni siquiera reconociendo que esas personas son indigentes; básicamente no se les reconoce el atributo de persona".
Desde el Senado, el senador socialista Juan Luis Castro también manifestó su rechazo al instrumento elegido por el Ejecutivo, indicando que "el borrador de la reforma de seguridad establece retrocesos en derechos fundamentales que, la verdad, no son aceptables".
"Claramente el propósito lo compartimos: combate a la delincuencia, al crimen organizado, pero el instrumento que se está usando parece no ser el adecuado", arremetió el parlamentario.
La reforma que se pretende impulsar estaría motivada por fallos recientes del Tribunal Constitucional, específicamente a lo que fue la sentencia del proyecto "Escuelas Protegidas". Debido a esto, el texto dice que se pretende dotar al Parlamento del espacio constitucional necesario para adoptar medidas que la ciudadanía demanda.
Todo esto mientras que se espera que durante estas semanas se presente la reforma de seguridad en el Senado por parte del Gobierno y así conocer el detalle oficial de lo que el Ejecutivo pretende impulsar.
