La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, expresó su preocupación este viernes por la "letra chica" de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y anunció el ingreso de una indicación para corregirla, a través del esperado proyecto de reforma previsional.
Según los cálculos del Gobierno, hay entre 98.000 y 140.000 personas que son potenciales beneficiarios de la PGU y que no han realizado el trámite para acceder a los 193.000 pesos que establece la ley como apoyo estatal.
Los requisitos para postular al beneficio son tener 65 años o más, no integrar un grupo familiar perteneciente al 10 por ciento más rico de esa población, contar con una pensión base menor a 1.048.200 pesos y acreditar su residencia en Chile.
En el marco del inicio de una campaña para localizar a los miles de beneficiados de la PGU que no la han solicitado, la ministra Jara señaló que cuando se legisló la creación del apoyo estatal, durante la Administración anterior, se modificó el universo sobre el cual se calculaba el 90% más vulnerable de la población, pasando a ser el 90% de las personas mayores de 65 años.
"Esto, en concreto, lo que hace es correr la línea de corte. Por tanto, personas que antes de esta subfocalización habrían quedado dentro del beneficio hoy quedan afuera", explicó la secretaria de Estado.
"El proyecto de ley de reforma a las pensiones busca hacerse cargo de esa diferencia", adelantó Jara.
Por otro lado, la titular del Trabajo señaló que la iniciativa implicará también, ligada a la aprobación de la reforma tributaria, "un aumento en materia de PGU, desde los 190.000 pesos actuales a 250.000. Además, contempla que este beneficio llegue a todas las personas".
La reforma previsional iba a ser presentada antes del 4 de septiembre. Sin embargo, el Ejecutivo decidió postergar aquello para después del plebiscito constitucional de salida, con el objetivo de separarla de la contingencia política.
INCLUSIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DD.HH.
Además, la ministra del Trabajo informó que el proyecto incluirá una modificación para que la PGU no discrimine a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos beneficiarias de las pensiones de reparación.
"El proyecto de ley además trae el elemento principal de que este beneficio llegue a todas las personas, así que, por ejemplo, en el caso de aquellas personas que reciben hoy día pensiones de leyes reparatorias por violaciones a los derechos humanos y que han estado excluidas de la PGU, también van a tener este derecho", destacó Jara.
"Las pensiones universales son un derecho que asisten a los ciudadanos en calidad de tales, así que quienes han sido excluidos durante este tiempo por haberse intentado reparar el daño que la violación a los derechos humanos les produjo, a través de una pensión como la Valech o la de exonerados, también los va a asistir este derecho", subrayó.
"ES POSITIVO, PERO LLEGA TARDE", DICE EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRABAJO
Al respecto, el diputado Alberto Undurraga (DC), presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, comentó que "la PGU, por ley, es un derecho y mejora las pensiones del 90% de los adultos mayores. En ese sentido, lo que ha anunciado el Gobierno hoy es positivo, pero llega tarde".
"Llega tarde", profundizó el exministro de Obras Públicas, "porque los recursos están contemplados en la Ley de Presupuestos desde agosto para todos quienes califican para la PGU. Por eso hemos presentado una moción de manera tal de que se pague retroactivamente a todos quienes postulen este año y califiquen desde agosto tal como está en la Ley de Presupuestos".
EL DETALLE DE LOS PAGOS
Patricio Coronado, director del IPS, detalló que "el pago es una vez que se hace la solicitud y pagamos el mes completo. Si hay personas que se que se inscribieron el día 21, van a recibir la PGU del mes de octubre completo. Los montos máximos tienen que ver con la focalización, que tiene que ver con el ingreso, y quizás lo más importante es decir que en cualquier per cápita superior a un millón 48 mil pesos la persona va a quedar fuera".
"Hay otros requisitos, hay otras situaciones que se van viendo en la postulación, y tienen que ver con los datos administrativos que el instituto ocupa, utiliza, entre ellos el Registro Social de Hogares, para poder calificar a personas con derechos o no a la PGU", agregó.
