José Miguel Insulza aclaró que la autorización y el trazado de la marcha del Foro Social, que terminó con incidentes, estuvo a cargo del Ministerio del Interior y no de la Intendencia.
El Gobierno entregó su pleno apoyo al intendente metropolitano, Marcelo Trivelli, tras la querella que la municipalidad de Providencia interpuso en su contra por los destrozos ocasionados en el Parque Bustamante al finalizar la marcha pacífica y autorizada del Foro Social Chileno en contra de la cumbre de lideres del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (APEC), el vienes 19 de noviembre.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, aclaró, en conversación con El Diario de Cooperativa que la manifestación fue permitida por el Ministerio y no por la Intendencia.
"La marcha la autorizamos nosotros y el trazado fue visto enteramente por el Ministerio del Interior, repartamos responsabilidades y que nadie piense que puede encontrar chivos expiatorios aquí", sostuvo Insulza, y añadió que el intendente metropolitano cuenta con su absoluto respaldo.
El lunes 22 de noviembre, el municipio encabezado por Cristián Labbé, pidió la salida de la autoridad regional, luego de evaluar en 100 millones de pesos los daños a la propiedad pública y privada.
Además de presentar una querella, Labbé envió una carta al Presidente Ricardo Lagos para dar cuenta de la supuesta responsabilidad de Trivelli.
Al respecto, Insulza señaló que es importante recordar los roces "que existieron entre el alcalde Labbé y Trivelli antes de las elecciones. Ahora el alcalde Labbé se la quiere cobrar al intendente, entonces, seamos serios", enfatizó.
El martes 12 de octubre, el jefe comunal de Providencia se querelló contra el intendente en respuesta a la orden de la autoridad de retirar una gigantografía de su campaña a la reelección instalada en el sector de Plaza Italia. La Corte de Apelaciones designó al juez Juan Manuel Muñoz para que se hiciera cargo del caso.
Marchas: una disyuntiva para el Gobierno
José Miguel Insulza planteó que, ante los hechos ocurridos en la marcha del viernes 19, la autoridad se encuentra en un problema complicado, "entre restringir la garantía constitucional de reunirse o dejar que las cosas pasen y ocurran destrozos".
En este sentido, señaló, "tenemos que buscar una fórmula, porque tampoco se trata de llenar de carabineros las marchas. No me parece correcto".
Según explicó el ministro, "la gente tiene derecho a protestar, a ocupar los espacios públicos, y lo hacen. El problema es que detrás de esa marcha vienen 200 fulanos, que claramente son los mismos que están en los estadios, los mismos que aparecen el 11 de septiembre en la noche".
Así, el Gobierno se plantea ante la posibilidad de "prohibir las marchas", lo que es imposible, y "prohibir que ellos se infiltren también".
En definitiva, la evaluación que hizo la autoridad de la manifestación que reunió a unas 50.000 personas durante la mañana del viernes pasado fue positiva. "Fue pacífica, fue una buena marcha, pero ensuciada por un grupo de sujetos que llegó al final", expresó.
