La Fiscalía de Chile recurrió a la casa matriz de Google Inc, en California, Estados Unidos, para solicitar el resguardo de la información de correos electrónicos pertenecientes a Sebastián Dávalos, el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.
Según reveló este jueves el diario El Mercurio, ésta fue una de las primeras diligencias que realizó el Ministerio Público tras iniciar su investigación del llamado "caso Caval" a partir de la denuncia que presentó a mediados de febrero Renovación Nacional.
De acuerdo a lo señalado por el matutino, el fiscal subrogante Sergio Francisco Moya pidió el pasado 24 de febrero a Google "la congelación y conservación de toda la información contenida en las cuentas de Sebastián Dávalos, del seremi de Vivienda de la Región de O'Higgins, Wilfredo Valdés, y el ex asesor de Caval Sergio Bustos", cuya demanda laboral contra la empresa posibilitó que se destapara el escándalo.
La petición de la Fiscalía apunta a proteger el contenido de los correos electrónicos, carpetas de contactos e información sobre claves de acceso de los mails de los personajes involucrados en la compra de predios en Machalí por 6.500 millones pesos -tras un préstamo del Banco de Chile a la empresa de la nuera de Bachelet, Natalia Compagnon- y su posterior venta por 9.500 millones.
En el marco de la investigación que conduce el fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, el Ministerio Público pidió también al OS-9 de Carabineros diligencias para identificar los respaldos de los correos de Caval desde los servidores de GDT Manquehue, pero ésta aclaró que dicha empresa no era su cliente.
El correo falso
En otra "arista" de esta investigación, la Brigada del Cibercrimen de la PDI está próxima a identificar al autor del falso correo electrónico que intentó implicar al ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, en el escándalo.
Tras volver de sus vacaciones, a fines de febrero, Undurraga denunció ante la Fiscalía la existencia de un falso mail firmado a su nombre en el que él aparecía ofreciendo ayuda a Natalia Compagnon para sacar adelante la compraventa en Machalí.
"Hola Natalia espero estés muy bien junto a tu grupo, recibí tu correo y estoy a tu disposición, conocí a don Victorino y me pareció una persona muy correcta, lo que me gustaría saber es el nombre completo del operador que va a ver el tema de San Carlos, nombre de la empresa y representante legal, además me gustaría conocer la ficha técnica del proyecto para poder interiorizarme del tema en cuestión. Cuídese mucho Natalia y cuente conmigo para lo que sea", decía el correo, firmado con el nombre del ministro y que mostraba un logo del Gobierno, pero que tenía el escudo de Chile al revés.
La existencia del falso correo fue denunciada por el propio ministro Undurraga. (Foto: UNO)
A raíz de la denuncia del secretario de Estado, el jefe de la Fiscalía Metropolitana de Alta Complejidad Centro Norte, José Morales, ordenó una investigación a la Brigada del Cibercrimen.
"Fuentes policiales" citadas por La Tercera señalaron que "ya se ha establecido totalmente que el correo es falso, basado en la edición de otro email", y que fue remitido a Sergio Bustos, el autor de la mencionada demanda laboral.
Por ser un e-mail editado, "resulta imposible obtener la dirección IP" del computador desde el cual se envió. Sin embargo, la Brigada del Cibercrimen "está realizando pericias de seguimiento digital, así como toma de declaraciones, que en los próximos días ya podrían dar con la identidad de la persona que creó este correo electrónico", afirma La Tercera.
La Fiscalía mantiene incautado un cheque de 2.000 millones de pesos que Caval exige poder cobrar. (Foto: The Clinic)
Caval busca cobrar cheque
En tanto, según informó The Clinic Online, el abogado de Caval, Antonio Garafulic, solicitó al Juzgado de Garantía de Rancagua que levante la prohibición de cobrar el cheque de 2.000 millones de pesos que incautó la Fiscalía la semana pasada.
Esta incautación se realizó a propósito de la querella por estafa presentada que presentó la empresa Silca, de Hugo Silva, el comprador de los terrenos de Machalí.
Garafulic usó la figura legal de "audiencia de tercería" para pedir que el juez fije una citación para analizar si corresponde que el Ministerio Público mantenga incautado el cheque. La solicitud podría resolverse este jueves.