El persecutor Luis Toledo negó que dicho vínculo vaya a "determinar" la investigación.
La Moneda criticó la arremetida judicial de la Alianza y la emplazó a medirse "con la misma vara".
El fiscal Toledo reiteró que los antecedentes aportados por los denunciantes en el caso Caval son "genéricos".
El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, designado ayer para investigar la denuncia presentada por Renovación Nacional para que se indague el préstamo del Banco de Chile a la empresa Caval, negó que el parentesco entre Sebastián Dávalos y Presidenta Michelle Bachelet vaya a "determinar" los resultados de la investigación.
"La relación parental es un dato de la causa, pero no habilita ni determina las diligencias de investigación en torno a la indagatoria", dijo Toledo pasado el mediodía en una comparecencia ante diversos medios de comunicación.
"Ésta es una causa que aparece con eventual participación de funcionarios públicos y aquéllos que dejaron de serlo hace poco tiempo", afirmó el persecutor, insistiendo -como señaló ayer- que los antecedentes presentados en la denuncia son los mismos que se han conocido a través de la prensa.
"La denuncia se hace en términos bastante genéricos respecto de todos los funcionarios públicos que han intervenido en este proceso. Plantea como posibilidades jurídicas dos eventuales tipos penales: la posibilidad de haber cometido el Seremi (de Vivienda, Wilfredo Valdés) una eventual violación de secreto o, por parte del señor Dávalos, un eventual tráfico de influencias para haber beneficiado a una sociedad determinada", explicó.
Esto "es todo en términos de eventualidad: la denuncia no aporta algún antecedente distinto de los que ya se conocían públicamente por todos los medios de prensa", indicó Luis Toledo, insistiendo en que "la investigación partió el día de ayer" solamente, por lo que es temprano para hablar de eventuales imputaciones o penas.
"La primera fase es la recolección de antecedentes, la segunda fase es determinar y poder tomar la decisión de si los hechos investigados constituyen o no un delito penal, y la tercera fase es el eventual ejercicio de acción penal pública, que no es el caso de la especie por ahora, con la petición de penas en concreto", señaló.
El fiscal regional informó que trabajará en conjunto con los fiscales jefes de Rancagua y San Fernando, sin dedicación exclusiva, y también se apoyará en el trabajo del OS-9 de Carabineros.
Gobierno replica
El ministro vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, utilizó el mismo concepto expresado por el Ministerio Público -"genérico"- para restarle valor a la acusación aliancista.
"Se trata de una denuncia genérica que tiene una finalidad política y que no da cuenta de su real fundamento jurídico, pero la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo conforme lo establece la legislación vigente", dijo.
"Hay que ser también claros, porque si la UDI se midiera con la misma vara con la cual mide al Gobierno, prácticamente se quedaría sin dirigentes", sentenció.
