"No es la vía penal, es la vía civil" la que soluciona estos temas, apuntó Lorena Fríes.
A su juicio, "hay efectivamente una colisión de derechos".
"Hay efectivamente una colisión de derechos", dijo Fríes.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, estimó que es "un error" que la Presidenta Michelle Bachelet se haya querellado contra periodistas de la revista Qué Pasa, porque es la justicia civil y no la penal la llamada a dirimir conflictos sobre la honra.
"Lo que se ha establecido en términos de estándares no es la vía penal, es la vía civil, en nuestro caso la ley de Prensa, no el delito de injurias o calumnias", dijo la titular del INDH, quien también apuntó a la falta de pluralismo de la prensa en Chile.
Para Fríes, "en este nivel concreto en el que estamos, hay efectivamente una colisión de derechos, entre la libertad de expresión y el derecho a la honra, que debió haberse manejado desde otro punto de vista".
"Así como digo me parece que es un error la querella por injurias o calumnias, también tengo que decir que para que haya libertad de prensa tiene que haber pluralidad de opiniones", agregó.
Para la directora del INDH, "lo que pasa en esta país con la libertad de prensa es que están concentrados en los medios, en algunos medios escritos, que son muchas veces los que forjan la opinión. Esto no sería tan grave, quizás, si tuviéramos realmente pluralidad de opiniones en los medios".
"Se entiende que la libertad de prensa es tan importante que se debe pagar por lo mal hecho desde el punto de vista de una indemnización civil y una rectificación. Las injurias o calumnias la verdad es que están, como delito penal, de retirada en toda la región y así lo ha solicitado desde los años 60 en adelante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así lo ha establecido también la Corte Interamericana", profundizó Fríes.
Michelle Bachelet presentó una querella por injurias y calumnias contra el director, el editor general y dos periodistas de Qué Pasa, a raíz de la nota de la revista que dio a conocer intercepciones telefónicas al operador político UDI Juan Díaz, grabadas por orden de la Fiscalía, en que éste menciona a la Mandataria como receptora de supuestos beneficios económicos del negocio Caval.
Declaración de la Federación de Medios
En tanto, la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile emitió una declaración, en que aborda el episodio Bachelet-Qué Pasa, dado que "la defensa y promoción de la libertad de expresión la misión fundamental" de la entidad, integrada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) y la Asociación Nacional de Televisión (Anatel).
"La publicación de una pieza judicial de dominio público por parte de la Revista Qué Pasa en que un inculpado incrimina a terceras personas, la posterior reedición de la nota periodística y las disculpas públicas ofrecidas por este medio y, finalmente, la interposición de una querella criminal por parte de la Primera Mandataria en contra de cuatro periodistas de esta revista, han ocasionado un importante debate público derivado de las implicancias que cada uno de estos hechos acarrea para el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa en nuestro país.
Reconocemos y respetamos el derecho de todo ciudadano a ejercer acciones judiciales cuando se considere afectada su honra, incluyendo a las autoridades y altos funcionarios públicos, aun cuando quienes ejercen tales funciones deben estar necesariamente dispuestos a un mayor nivel de escrutinio público y al consiguiente menor umbral de protección de su honra y privacidad.
En tal sentido, el ejercicio de este derecho por parte de quien ejerce la primera magistratura del país, puede tener un grave efecto inhibitorio sobre los medios informativos y el periodismo, que debe ponderarse junto al legítimo derecho de la persona afectada, por cuanto en este caso, es inseparable de su alta investidura.
La interposición de una querella criminal por injurias graves con publicidad en contra de cuatro periodistas de un medio de comunicación, supone que los querellados tuvieron el ánimo de injuriar, lo que en la literatura especializada se conoce como real malicia.
En este caso, supone el propósito o intención de la revista Qué Pasa de enlodar deliberadamente la honra de la Señora Presidenta de la República, supuesto que a la luz de los hechos conocidos no parece plausible.
Cualquier posible vulneración de estándares de procedimientos y de normas editoriales que pudiere haber ocurrido, corresponde al ámbito de la ética y de la autorregulación.
Para tales efectos, en nuestro país existe el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación el cual es un organismo autónomo, con 25 años de experiencia y trayectoria, integrado por prestigiosos académicos y especialistas calificados para evaluar y ponderar situaciones como esta.
Sus resoluciones -independientemente de las eventuales sanciones a que pudieren dar lugar- tienen el mérito de contribuir a un ejercicio responsable de la libertad de expresión mediante el estudio y análisis reflexivo por parte de los medios y de la ciudadanía interesada, de conclusiones emanadas de un órgano altamente calificado y especializado en la materia.
Estimamos que radicar este debate en el ámbito judicial -solicitando penas de cárcel para periodistas- constituye un mal precedente y un grave retroceso en materia de libertad de expresión e instamos a recurrir a un órgano calificado como es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación para extraer de este episodio conclusiones que enriquezcan el debate público y contribuyan a un mejor ejercicio del rol informativo de los medios".
