El Tribunal de Garantía de Rancagua le negó el permiso para salir del país a Natalia Compagnon, imputada en el caso Caval que pretendía viajar a Miami por las vacaciones escolares de sus hijos.
El juez Luis Barría consideró que el motivo no reviste ningún tipo de urgencia y, por el contrario, puede significar un motivo de fuga.
Mauricio Valero también había solicitado permiso para viajar pero por motivos comerciales, sin embargo, el magistrado consideró que la defensa no entregó ningún antecedente confiable de que sea efectiva este supuesto viaje de negocios.
"La solicitud del imputado se funda en un viaje para realizar actividades comerciales respecto a las cuales no se aportaron más antecedentes que los dichos de su defensa, razón por la cual -ante esa falta de elementos de valoración- no puede calificarse su gravedad y urgencia", explicó el magistrado sobre la situación de Valero.
Mientras que en el caso de Compagnon, sostuvo que "si bien se acompañaron documentos de viaje, lugar de destino y tiempo de estadía, de ellos sólo se colige un fin recreativo, pues no existen los antecedentes suficientes a otros fines con motivos laborales o de estudio".
En tanto, el fiscal Sergio Moya precisó que "en el caso de imputada Compagnon, la sola salida del país con fines recreativos no configura la urgencia o emergencia necesaria que amerita levantar una medida cautelar, con consideración del estado de las investigaciones, las dos investigaciones formalizadas, la causa Caval próximo al cierre".
"Por lo tanto no se puede dejar de considerar que la intención de la Fiscalía ya es la próxima acusación y pasar a la etapa de juicio oral", sostuvo.
Compagnon pide salir de Chile entre el 2 a 22 de julio y, ante la negativa del juez, su defensa ya anunció que apelará.
Así lo indicó el abogado defensor Carlos Fierro quien dijo que "estaba dentro de las probabilidades y por su puesto recurriremos a las instancias superiores a objeto de que esto se resuelva de la misma manera que fue resuelto la vez anterior, así que no nos sorprende".
"Por su puesto que creemos que el principio de igualdad, de alguna manera, se ha visto vulnerado toda vez que se trata de una persona pública y lo que hemos dicho es que existe doctrina y jurisprudencia que avalan nuestro postulado, en virtud de que hay casos de igual magnitud en donde finalmente se ha concedido esta autorizaciones y que son transitorias", concluyó.