El Presidente Boric declarará de forma voluntaria y presencial en la investigación judicial abierta tras la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.
A finales de 2024, el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.
La operación consideraba la firma de contratos con la nieta y exministra de Defensa Maya Fernández y una de sus hijas, la senadora socialista Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para suscribir contratos con el Estado por sus cargos públicos.
La indagatoria, originada tras la denuncia presentada en enero pasado por la Fundación Fuerza Ciudadana, ONG presidida por el abogado y excandidato constituyente del ultraderechista Partido Republicano Raimundo Palamara, busca esclarecer un presunto al fisco en razón de los contratos que iban a firmarse.
Boric, que en su calidad de Presidente de la República está eximido de ser citado a declarar, dará su testimonio voluntario en calidad de "imputado" porque hay una querella presentada por un tercero en su contra.
Fue el propio Mandatario quien en una entrevista televisada a mediados de marzo señaló estar "totalmente dispuesto a colaborar con la justicia" en el marco de la investigación del Ministerio Público, donde reafirmó su "convicción de los inmuebles señalados en el caso debiesen ser "patrimonio público y contar esta historia".
El anuncio del Ejecutivo, que incluía además la compra de la casa del expresidente Patricio Aylwin (1990-1994) para transformarla en un museo, no fue bien recibido y sufrió múltiples críticas por parte de la oposición.
A las pocas semanas, Boric cesó por esta polémica a la entonces ministra de Bienes Naciones Marcela Sandoval, y a principios de marzo dimitió la exjefa de la cartera de Defensa Maya Fernández, después de que la oposición ultraconservadora presentará una Acusación Constitucional contra ella, que este miércoles fue desestimada en el Congreso.