Ya genera reacciones en el mundo político el anuncio del Gobierno entrante de Gabriel Boric, que efectuará -una vez que se concrete el traspaso de mando hoy- "el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado (LSIE)", interpuestas por la Administración saliente de Sebastián Piñera por presuntos hechos de violencia en el marco del estallido social.
La acción fue confirmada la última jornada, a través de un comunicado firmado la última jornada por las prontas ministras del Interior y de Justicia, Izkia Siches y Marcela Ríos, en el que -afirman- será "una de las primeras medidas del Gobierno", recordando que "fue una promesa plasmada en el programa del Presidente Gabriel Boric", con el objetivo de la LSIE "no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada".
Desde la derecha, que hasta las primeras horas de este viernes será oficialismo y, luego del traspaso de mando, pasará a ser oposición, el senador Francisco Chahuán, timonel de Renovación Nacional, criticó la acción anunciada por el nuevo Ejecutivo.
"Consideramos completamente inaceptable e inapropiado que la primera medida que anuncie la ministra de Justicia entrante sea justamente el retiro de las querellas", deploró.
"Creemos que hay que ser muy responsables desde el punto de vista de la seguridad pública", remarcó, por lo que "llamamos a la ministra a asumir las responsabilidades".
"En un Estado de derecho, aquellos que cometen ilícitos tienen que cumplir con las condenas, y por tanto, someterse a los debidos procesos. Hacemos el llamado para que el Gobierno del Presidente Boric tome las medidas adecuadas para que prime el Estado de derecho", insistió el legislador.
"HAY JÓVENES PERSEGUIDOS POR EL ESTADO"
En la contraparte, el anuncio fue valorado en Apruebo Dignidad, la coalición del Gobierno entrante, pues apunta a casos de personas detenidas en el marco del estallido social que en ese sector consideran "presos políticos".
El diputado Diego Ibáñez, militante de Convergencia Social -mismo partido de Boric-, enfatizó que la medida realza que "nuestro compromiso es con los derechos humanos".
Aquello debido a que, según acusó, "hoy hay jóvenes que están siendo perseguidos por el Estado, injustamente, sin pruebas contundentes", frente a lo cual "estaremos por mejorar el trato inhumano e indigno que ha tenido el Estado de Chile".
"No es una noticia nueva, y a mí me parece muy bien que esté ratificándolo un día antes de asumir", destacó a su turno el diputado comunista Boris Barrera. "Sabemos que (la LSIE) fue una herramienta política, de castigo para la gente que se manifestaba", aseguró, ante lo cual resaltó que haya "señales concretas del nuevo Gobierno; y espero que siga avanzando en la libertad de todos los presos políticos de la revuelta".
Ambos diputados en ejercicio fueron reelectos, por lo que este viernes, cuando también se renueva la Cámara Baja, comenzarán otro período de cuatro años.
El retiro de las querellas no significa que las personas imputadas en esos casos quedarán en libertad, si es que permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva, sino que el Gobierno dejará de ser parte litigante.
