Aparentó ser un halago, una frase informal, una metáfora futbolística, pero tuvo una pésima recepción en el ámbito público: esta mañana, en la antesala de la presentación del equipo ministerial de Gabriel Boric, el presidente de la CPC, Juan Sutil, hizo un comentario sobre Izkia Siches de posibles connotaciones sexistas, y que se interpretó masivamente como un efectivo comentario sexista.
Consultado en la Radio Universo sobre la -a esa hora, eventual- llegada de Siches al Ministerio del Interior, el líder del gran empresariado contestó: "Creo que ella tiene el juego de piernas y la cintura más que suficientes para poder llegar a grandes acuerdos".
Las críticas no se hicieron esperar y han sido motivo de discusión durante todo el día en redes sociales. La ex ministra y senadora electa Claudia Pascual (PC) estimó que estas palabras fueron "irrespetuosas y machistas".
"NO DEJAR PASAR"
En opinión de Felipe González, abogado penalista y académico de la Universidad de Valparaíso, existen herramientas jurídicas para sancionar al dirigente de la patronal.
"El año 2019 se dio un paso importante en la legislación de delitos que afectan la esfera de la sexualidad, a partir de la publicación de normas que respectan a la protección de 'la sorpresa' como forma de ejecución de abusos sexuales. Sin embargo, junto con esa reforma de la Ley 21.153, se agregó la falta penal de acoso sexual con el Artículo 494 ter del Código Penal, que castiga actos de carácter verbal o ejecutados por medio de gestos capaces de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, y que no constituya una falta o delito al que se imponga una pena más grave", explicó el miembro del Centro de Estudios y Defensas Penales.
"Este avance legislativo sólo puede tener realidad si las personas toman conciencia de la importancia de denunciar estos hechos y perseguirlos penalmente. De otra forma, la sola molestia o pasividad, convierte este tipo de normas que protegen a las víctimas de actos vejatorios como aquel proferido en contra de la futura ministra en letra muerta", advirtió González.
Según el académico, "un gobierno con perspectiva de género no debe dejar pasar este tipo de situaciones, cuando hay esfuerzos colectivos importantes por penalizar este tipo de conductas... La eficacia de las normas depende del compromiso social que, como ciudadanos, tenemos con el respeto y cumplimiento de las mismas".
"El trato en cuestión pretende humillar a quien ha alcanzado una posición política en un ministerio teniendo todas las capacidades y requisitos para desarrollar una labor tan importante como la que se está encomendando. Ese tipo de denigración al día de hoy no sólo se castiga moralmente, sino que nuestro ordenamiento jurídico penal da herramientas para sancionarlos, y es deber ciudadano de quien sea afectada por ese tipo de actos realizar la respectiva denuncia", cerró el jurista.
