La senadora Fabiola Campillai criticó que el Presidente José Antonio Kast haya declarado intención de indultar a militares y carabineros condenados por delitos contra los derechos humanos cometidos durante el estallido social.
La parlamentaria -víctima ella misma de estos sucesos- advirtió que el primer beneficiado podría ser el capitán del Ejército José Faúndez Sepúlveda, condenado a 15 años de cárcel por la muerte de Romario Veloz y por causar lesiones graves a otras dos personas en La Serena.
"Exigimos al Presidente de la República y al ministro de Justicia (Fernando Rabat) respetar las decisiones de los tribunales", declaró Campillai. "Presidente (Kast), acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como (fue) mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos", agregó la legisladora.
Campillai también impugnó el argumento de la derecha respecto a que los agentes que se beneficiarían con los indultos fueron sentenciados por haber ejecutado acciones mandatadas por el Estado: "cumplir funciones de seguridad no significa dispararle en el rostro a alguien. Eso es un crimen y la Justicia así lo dictaminó. Presidente, dejemos que la Justicia se cumpla, porque eso también es dar seguridad", sostuvo.
La parlamentaria, fue víctima de violencia policial durante las protestas de 2019. El excarabinero Patricio Maturana fue condenado a más de 12 años de prisión tras disparar una bomba lacrimógena que impactó en el rostro de Campillai cuando esperaba transporte para ir a su trabajo, dejándola ciega.
Gobierno defiende análisis "caso a caso"
Frente a la polémica por las declaraciones del presidente en la entrevista televisiva, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, confirmó que el Ejecutivo está revisando expedientes y justificó la decisión presidencial apuntando a promesas de campaña. "El Presidente revisará los casos y dará a conocer las determinaciones en su momento", indicó la autoridad, argumentando que "en el contexto de violencia se requiere revisar y actuar con justicia".
La ministra recalcó que "no es una determinación generalizada, se están evaluando caso a caso". Sin embargo, al ser consultada sobre la existencia de un indulto firmado por el Presidente, la vocera evitóreferirse al tema y no descartó esa posibilidad.
Desde la oposición, el Partido Comunista (PC) emitieron un comunicado donde rechazaron categóricamente cualquier medida que abra espacio a la impunidad. "Otorgar indultos a quienes han sido condenados por estos hechos no solo constituiría una señal políticamente equivocada, sino también un grave retroceso en materia de derechos humanos", manifestó.
En la misma línea, el Partido Socialista (PS) cuestionó la coherencia del nuevo gobierno. Para la colectividad, resulta "particularmente contradictorio que quien hizo de la consigna 'aplicar la ley' uno de los ejes centrales de su campaña, hoy pretende utilizar sus atribuciones para favorecer a quienes la vulneraron gravemente".
Querellante y exfiscal cuestionan eventual indulto a militar condenado por caso Romario Veloz
El impacto del anuncio también afectó el ámbito judicial, Adriana Rojas, abogada representante de la familia de Romario Veloz y de los otros dos civiles heridos en La Serena, confirmó que ya están solicitando una reunión urgente con el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
"Nos parece tremendamente grave que se esté discutiendo la posibilidad de indultar a este criminal. Y en ese sentido, creemos que discutir un indulto de estas características es poner en riesgo la seguridad, no solo de las víctimas sobrevivientes y de los familiares, sino que de la ciudadanía en general, algo que nuestro país no puede tolerar", sentenció la abogada querrellante.
A estos cuestionamientos se sumó la voz de Adrián Vega, exfiscal regional que estuvo a cargo de la investigación que logró la condena del militar. El expersecutor defendió el trabajo del Ministerio Público, el cual "acreditó los hechos en una compleja investigación", y desechó la viabilidad ética y jurídica del indulto.
"Jurídicamente los indultos son un perdón particular, no un perdón general. Y desde lo jurídico también planteo que para ser perdonado, hay que pedir perdón. No recuerdo que el señor Faúndez haya hecho algún acto de contrición frente al dolor de las víctimas", concluyó Vega.
